Hace unos días se conmemoraba el centenario del nacimiento del Nobel gallego Camilo José Cela, quien afirmó con acierto: «Lo malo de los que se creen en posesión de la verdad es que cuando tienen que demostrarlo no aciertan ni una». Nadie debería creerse en posesión de la verdad en ninguna materia, pues el respeto y la tolerancia son los pilares básicos de la convivencia, más si hablamos de educación.
Asistimos estos días a constantes movilizaciones en favor de la libertad en educación tras el recorte de unidades en la enseñanza concertada valenciana. El conseller Vicent Marzá, lejos de escuchar las reivindicaciones (más que respetuosas) del sector, reacciona a las mismas acusando a los titulares de querer hacer negocio y al sector de sobreactuar, mentir y hacer demagogia. Resulta curiosa la actitud, pues el nuevo gobierno prometió gestionar la educación desde el diálogo y no practicar recortes. Sin embargo, en su primera ocasión de demostrarlo, hace todo lo contrario. No hubo diálogo en la eliminación del distrito único, tampoco en la supresión del programa en centros públicos con un 80 % de enseñanza en inglés, ni en la eliminación del Bachillerato de Excelencia, o en la consulta a las familias sobre el proyecto lingüístico en el que serán formados sus hijos. No se escucha al sector de 0-3 años y no se acercan posturas con la concertada.
En cuanto al modelo educativo, defender y dignificar la educación pública es la responsabilidad del gobierno, pero hacerlo denostando y atacando al sector de la enseñanza concertada es pasar un rodillo ideológico. La educación concertada presta un servicio público, tal como reconocen todas las leyes orgánicas de educación que han tenido vigencia en este país con independencia del gobierno que las ha llevado adelante. La libertad de enseñanza es un derecho constitucional y avala «la existencia de un pluralismo educativo institucionalizado», en palabras del Tribunal Supremo. La escuela pública y la escuela concertada son instituciones escolares convergentes y complementarias entre sí, cuestión declarada con reiteración por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La escuela concertada valenciana no goza de privilegios que haya que revertir, pese a lo que algunos quieren hacer ver. Faltan argumentos en esos razonamientos que persiguen vender clisés que justifiquen los ataques a este modelo de enseñanza. La inversión por alumno y año en la enseñanza pública es más del doble que en la concertada, y, en cifras globales, se destina cuatro veces más de presupuesto e inversión diaria a la enseñanza pública que a la enseñanza concertada. Por tanto, el sistema concertado no supone mayor coste para la Administración, es libremente elegido por las familias (que también e igual pagan sus impuestos y merecen ser atendidas), realiza una labor social reconocida y, lo que es más importante, presta un servicio público previsto en las leyes orgánicas educativas.
La escuela pública requiere de todo el respaldo de la Administración. Precisa inversión e innovación para hacer una escuela de calidad que no podrá construirse sobre los ataques a la escuela concertada y a la libertad de los padres, pues dignificar la pública es perseguir que sea elegida libremente por su calidad frente a otros modelos de enseñanza; no como opción única.
En materia educativa, como en otras, el actual gobierno no gobierna para todos, sino para los suyos. Hacer política educativa está bien, hacer de la educación un arma política, no es digno. El gobierno que venía a escuchar y rescatar, padece sordera cuando se trata de un importante sector de la ciudadanía para la que también gobierna. Se creyeron en posesión de la verdad y al tener que demostrarlo, no aciertan.
