04 de junio de 2016
04.06.2016

La educación, ese problema

04.06.2016 | 04:15

Que la educación es un problema no resuelto todavía, es algo evidente. Y que su solución tiene poderosas dificultades, nadie consciente de los grandes intereses en juego de todo tipo a los que se enfrenta cualquier reforma, lo negaría en un debate serio, tanto en su innegable perfil político como social. Pero, precisamente, por tales condicionamientos, es imprescindible abordar un eficaz planteamiento para su mejora en profundidad, hasta conseguir el más alto nivel de calidad posible de la misma, sin discriminación alguna o al menos con la mínima discriminación social, pensando siempre, de manera prioritaria, en los que menos tienen.

A partir de estas premisas, siendo patente que nuestra Constitución contempla tanto el derecho de todos a la educación como la libertad de enseñanza, es claro que de lo que se trata es de priorizar en la asignación de medios en aquella fórmula que resulte más eficaz y universal para que ese derecho de todos a la educación, lo sea también, de la forma más igualitaria posible, en la calidad de la misma. Por consiguiente, los poderes públicos para la consecución de ambas premisas: universalidad e igualdad en la calidad, deberán centrar su esfuerzo, sin duda alguna, en potenciar la enseñanza pública de calidad: dotada del mejor profesorado, de los mejores medios materiales en edificios e instalaciones de todo tipo, así como en su inmejorable mantenimiento, de manera que ésta llegue a ser un objetivo social de primera magnitud para la inmensa mayoría, y no digamos para la mayoría de los progenitores y de los educandos. Y de una forma natural, sin estridencias, simplemente aportando recursos para la escuela de todos con el apoyo imprescindible no sólo de las autonomías, sino sobre todo, del poder central, que debe exigir y supervisar no sólo dicho objetivo de calidad, sino de homogeneidad esencial dentro de la indiscutible diversidad y pluralidad del país reconocida constitucionalmente.

En realidad, de ser notoria la calidad de la enseñanza pública sobre la privada, no sería necesario la toma de medida alguna de corrección entre las diversas clases de enseñanza, puesto que mayoritariamente la sociedad no tendría duda alguna en cuanto a la elección de la más beneficiosa para los alumnos. Y si a pesar de ello, con base en la citada libertad indiscutida, consideran oportuna la elección de centro privado, será siempre una opción legítima en uso de su libertad no achacable a ninguna malévola fuerza política.

Lo que la Constitución exige con carácter absolutamente prioritario es el derecho de todos a la enseñanza, que debe entenderse siempre de la máxima calidad, con medios suficientes disponibles por el Estado. Obviamente, siempre habrá sectores que preferirán optar por una enseñanza privada o confesional, con base especialmente en su capacidad económica y/o ideológica. En este supuesto, obviamente, salvo que una celestial situación de prosperidad de las finanzas públicas lo permitiera, debería ser a su cargo. Y esto no es discriminación o lo sería positiva para el interés general.

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