No se ha perdido todo. Perviven rescoldos que permiten reavivar sectores productivos y organizativos. Los empresarios han de concienciarse de que tienen que pagarse sus organizaciones y asociaciones. Las administraciones no están para atender facturas privadas ni para tapar despropósitos. Cierval (Confederación Interprovincial de Empresarios de la Región Valenciana) que no ha superado la transición democrática, vive los espasmos de su refundación. Castellón y Alicante tienen quebradas y desacreditadas sus entidades económico-empresariales: Cámaras de Comercio y patronales. Pendientes, junto con las de Valencia, de reasignación y vertebración comarcal. ¿Tiene sentido, con una organización autonómica, seguir aferrados a la división provincial? La redistribución territorial en base a los conjuntos comarcales, áreas naturales de vida en común „separadas o agrupadas„ da sentido a una nueva concepción en el flujo eficaz de servicios económicos y empresariales.

Transcurrido un año desde las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo de 2015. Próximos a que se cumplan doce meses del gobierno plural de Ximo Puig en la Generalitat entre el 27 y el 29 de junio, cuando también se estrenaron muchos ayuntamientos de nuevo cuño. En plena coincidencia con la repetición de las elecciones generales el 26 de junio, los valencianos se preguntan: ¿qué hemos hecho mal para que la situación sea tan distinta en el signo político y tan igual en los comportamientos y en las personas que rigen organismos, instituciones y entidades de naturaleza pública? ¿Qué ha cambiado de verdad? Y sobre todo, ¿para cuándo la transformación de una sociedad, la valenciana, que necesita reencontrarse a sí misma e iniciar un proceso irreversible de modernidad y reafirmación de los modelos económicos, culturales, territoriales e institucionales?

Basta de bromas como el pacto de la lengua entre la Acadèmia Valenciana de la Llengua y la RACV, con los ramalazos perversos que se observan. Tampoco se entiende por qué Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, nombrado por el president de la Generalitat, esgrime ahora el pretexto de su dependencia del Ministerio de Fomento, para no comparecer ante las Corts Valencianes. ¿De qué tiene miedo? Ya no valen excusas ni dilaciones. Conocemos la vocación pactista del president Puig y de algunos de sus consellers. Sabemos de las presiones que ejercen los poderes fácticos y la inercia panzista de los elementos rectores de una sociedad anestesiada por la acción de gobiernos de un mismo partido, el PP, que nos han conducido a la mayor decadencia económica, social e institucional en el proceso democrático.

Los valencianos no experimentamos la transición interna y territorial. La preautonomía fue una eclosión de fuegos artificiales, como aquel que se lanzó desde el castillo de Santa Bárbara en Alicante y que desembocó en el Estatut d´Autonomia (1982), por el artículo 143 de la Constitución y no por el 151. Así lo hubieran exigido las condiciones y las raíces históricas de las que se partía, dentro de aquella marea despersonalizadora que marcó la doctrina del café para todos. Los valencianos no nos limitamos a una taza, sino que tomamos varias y nos intoxicamos.

En vísperas de la Navidad de 1934, no una Navidad cualquiera, el periodista Agustí Calvet, Gaziel, director de La Vanguardia e intelectual monárquico de referencia para la burguesía, escribió un artículo titulado La clara lección, que inició con la frase: «Todo se ha perdido, hasta la dignidad». En aquella columna se refería a la suspensión del primer Estatut de Catalunya sine die por decisión de las Cortes de la II República. La autonomía de los valencianos, que se encuentra amenazada „con RTVV o sin ella„ todavía conserva un poso de dignidad. A pesar de los esfuerzos de Mariano Rajoy y su Gobierno por desmantelar la capacidad de la Comunitat Valenciana para desarrollar una política con personalidad y estrategia propias. Gaziel fue confinado desde 1939 a 1953 cuando pudo volver a Catalunya.

La Comunitat Valenciana sigue desconcertada por la crisis económica. Los principales indicadores así lo confirman. Quienes fuimos locomotora de España, permanecemos en el furgón cola en casi todo. Se nos niegan los recursos que se detraen en las inversiones del Estado y en la financiación imprescindible para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales „el 86 % del presupuesto„ cuyas competencias se transfirieron sin garantizar el dinero imprescindible. Una trampa. Devolver las competencias en estas materias significaría finiquitar la autonomía valenciana que ya está intervenida, de facto, por el Gobierno Rajoy.

Nos encontramos ante a la oportunidad electoral para forzar el replanteamiento descentralizador mediante la presión política. De la decisión de los electores depende que aumente la representación, en Congreso y Senado, de las fuerzas políticas que se han caracterizado por la defensa inequívoca de los intereses valencianos. Único camino para desactivar la obsesión centralista que ha caracterizado a los gobiernos españoles.