La decisión del Gobierno valenciano de cerrar los hospitales públicos a los alumnos de las universidades privadas para realizar las prácticas incluídas en los planes de estudios va a provocar, a corto y medio plazo, unos efectos notables en el mapa docente de la Comunitat. En vísperas de la realización de las pruebas de selectividad y del comienzo de la preinscripción en las distintas carreras, la decisión del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra, anunciada por los consellers de Sanidad, Carmen Montón, y de Educación, Vicent Marzà, es un mazazo para las universidades privadas, ya que las familias de los estudiantes tendrán muy en cuenta las dificultades para realizar las prácticas a la hora de decidir sobre las matrículas.
La Generalitat, en el ejercicio de sus competencias, tiene todo el derecho a establecer, como está haciendo, el destino del dinero y los requisitos de las becas de la enseñanza superior, pero en materia de prácticas formativas no debe ignorar que las titulaciones, tanto las públicas como las privadas, están aprobadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca). Una decisión sobre las prácticas en las carreras de Ciencias de la Salud que limite o prive a los estudiantes de la posibilidad de llevarlas a cabo en centros de su ámbito geográfico puede provocar una drástica caída de la demanda y la revocación de esa titulación por parte de la fundación estatal que supervisa el cumplimiento de los requisitos, algo que desde hace décadas vienen intentando determinados grupos de poder de las universidades públicas que no ocultan su desprecio por la competencia.
La Administración autonómica, en esta materia, tiene todos los resortes controlados. En primer lugar, decide cuántos alumnos se van a formar en las universidades públicas. Si son muchos, la nota de corte para acceder a cada carrera será baja: para estudiar Historia en la Universitat Jaume I sólo hace falta un cinco; si son pocos, c omo en Medicina u Odontología en la Universitat de València, la nota necesaria para acceder estará por encima de 12 puntos, de 14 posibles. De este modo, los estudiantes que quieran dedicarse a la salud pero no alcancen registros de excelencia han de inscribirse en la Universidad Católica que el arzobispo García-Gasco creó con el aliento de Francisco Camps; o estudiar Medicina en inglés en la extensión de Castelló de la Cardenal Herrera. Hasta hace poco, centenares de aspirantes valencianos a médicos se embarcaban cada semana en el insufrible corredor mediterráneo para cursar sus estudios en Reus, en la Universitat Rovira i Virgili, pero las notas de corte de esta institución pública catalana se han acabado equiparando a las de sus homólogas valencianas.
Ahora, la Generalitat no sólo decidirá, de acuerdo con las universidades públicas, cuántos alumnos entran cada año y cuántos de quedan fuera sino dónde podrán hacer prácticas los unos y los otros. Y pintan bastos para los de las privadas. No tendrán un solo hospital en Castelló; en Valencia, sólo podrán explorar sus conocimientos en el hospital de la Ribera hasta que dentro de dos años la Generalitat lo devuelva a la gestión pública; y en Alicante, únicamente podrán optar a los hospitales de Torrevieja, Elx y Dénia, todos del «modelo Alzira» y también con fecha fija de rescate.
Incluso en el caso de que las entidades privadas pudieran acometer la construcción de un hospital universitario para impartir formación a sus estudiantes, la iniciativa estaría en manos de la Generalitat, que frente a los recursos anunciados contra el veto a las prácticas se está esforzando en subrayar que las afectadas están entre las peores de España. Como se ha demostrado con la iniciativa de construir en Campanar una instalación de apoyo a los estudios de Medicina de la Universidad Católica de Valencia, los costes de personal y de mantenimiento hacen de tal empresa algo inviable, sólo al alcance de la Univerdad de Navarra, donde es la Clínica Universitaria la que, con sus ingresos, sostiene los estudios de la facultad vinculada.
Ahora son las Ciencias de la Salud, pero el mismo argumento político se extenderá al resto de los estudios. La Cardenal Herrera puede cerrar ya su grado de Ciencias Políticas y de la Administración. Las prácticas sólo caben en el ámbito público, que ahora se veta.
Como tantos otros temas relacionados con la educación, el régimen de prácticas universitarias debería ser objeto de un amplio pacto político, que defina un marco estable y proporcione seguridad jurídica y docente a sus protagonistas. La educación y la sanidad son ámbitos en el que los partidos políticos pueden establecer diferencias ideológicas y programáticas, y el Consell de socialistas y Compromís está destacando con numerosas actuaciones esos cambios sobre políticas aplicadas en el pasado por el PP. Pero no es menos cierto que la Constitución garantiza el derecho a la libertad de enseñanza, y también la de creación de centros docentes siempre que se respeten los principios establecidos en la Carta Magna.
Si la solución al conflicto es que las universidades privadas paguen por la formación de sus alumnos, que se imponga una tasa, aunque las públicas tampoco compensan a las empresas que tutelan a sus estudiantes y en cambio sí cobran las matrículas de esas horas de prácticas. Y si el problema es que no ofrecen la calidad suficiente, que la Aneca intervenga, como es su obligación, para que no se cometan fraudes ni atropellos. Si, como asegura la consellera Montón, las privadas contratan a médicos funcionarios para que tutelen a estudiantes en centros públicos durante su horario laboral, el problema es más propio de la inspección de servicios que del ámbito universitario, y por sí mismo no puede justificar un veto del calado del que se plantea.
