07 de junio de 2016
07.06.2016

Consultas populares, pseudoreferendos y olé

07.06.2016 | 04:15

Asistimos en los últimos días al espectáculo de las consultas populares realizadas por gobiernos locales con la finalidad de pulsar el sentir de la ciudadanía ante el entretenimiento de los populares festejos taurinos. Primero fue Xirivella donde, con una participación de poco más del 7 %, se rechazó este tipo de festejos tradicionales. Después, pidieron su turno Aldaia, Tavernes de la Valldigna, Canals, Sueca y Xàtiva. Tan sólo en esta última ciudad se rozó una participación del 25 % de un censo de mayores de 16 años. En las demás poblaciones, ni eso: del 17 % de la capital de la Ribera Baixa hacia abajo. No es, pues, como para ir sacando pecho y sentirse orgullosos del ejercicio de «responsabilidad demostrado por la ciudadanía», como muchos de los impulsores de estos pseudoreferendos han querido hacer creer.

Libres son nuestras primeras autoridades locales, y sus correspondientes cuadrillas de toreros, picadores y banderilleros, de tentar la opinión pública para adoptar aquellas decisiones que anunciaron y/o prometieron en sus campañas electorales. Libres son, también, de ampararse tras el burladero y, para salir de dudas, por nimia que sea la cuestión, observar si la opinión pública derrota a derecha o izquierda para salir de dudas. Pero que no hablen de prácticas democráticas ni de participación ciudadana sin garantías jurídicas y con tan paupérrimas cifras.
Cuestión aparte es si algún ayuntamiento ha vulnerado la legislación sobre protección de datos personales al ceder a una empresa la relación de documentos nacionales de identidad de sus censados, menores incluídos, y que esta sociedad mercantil recoja los números de teléfono, o correos electrónicos, de los participantes para la votación telemática. Quien haya sentido violada su intimidad tan sólo debe presentar una denuncia y la autoridad pertinente obrará en consecuencia.

Calificaba estas consultas de pseudoreferéndum por ser vinculantes, muy a pesar de la escasa promoción institucional de la mayoría de ellas como demuestran sus bajos índices de participación. Hay quien se ha negado a votar porque considera que son los cargos electos quienes deben apechugar tomando decisiones y no recurrir al gesto bíblico de Poncio Pilatos de lavarse las manos. Pseudoreferéndum por haber dado la espalda a las garantías jurídicas que podría aportar, en este caso, nuestro régimen constitucional. Y pseudoreferéndum por valerse de un sistema de votación telemática, sin control judicial que garantice su limpieza y valiéndose de escasas urnas, que en algún caso tan sólo han estado abiertas seis horas, la mitad que en una jornada electoral normal.

En definitiva, y nunca mejor dicho, asistimos a una de toreros. El próximo 26J volvemos a las urnas y de nuevo, como el pasado 20D, se pondrá en marcha toda la parafernalia electoral. Tiempo de sobra tuvieron para pedir del Consejo de Ministros que les autorizase a realizar un referéndum con todas las de la ley aprovechando la infraestructura de los comicios y prácticamente a coste cero.

Cada uno de estos pueblos pudo haber habilitado una urna más, supervisada por los integrantes de la misma mesa que cuenta los sufragios para elegir nuestros representantes en el Congreso y en el Senado, bajo el rigor constitucional de las correspondientes juntas electorales de zona. En ese hipotético caso podríamos estar hablando de consultas llevadas a cabo con las garantías jurídicas que establece nuestro Estado de Derecho. Tampoco se plantearon hacerlo de cara al próximo domingo, día 26. Prefirieron echar mano de capote y muleta. Pues eso: ¡Olé!

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