Propone el jurista Santiago Muñoz Machado una doble reforma, seguida de una doble consulta, para resolver el problema catalán. La primera reforma, la del Estatut de 2006, incorporaría los artículos que tumbó el Tribunal Constitucional en 2010 (entre ellos, el temido punto del preámbulo que reza: "Cataluña es una nación"); la segunda, la de la Carta Magna, se haría necesaria porque lo amputado vulnera la ley fundamental. Hechas las dos reformas, se pregunta a los catalanes por su texto y al resto de los españoles por el de todos, y problema arreglado: los primeros pasarían por las urnas para decidir, pero dentro del orden vigente, y los segundos sancionarían el nuevo estado de cosas para preservar la soberanía nacional.
La idea guarda bastante similitud con la denominada "vía Miñón", que consiste en introducir una disposición adicional en el texto de 1978 que blinde las competencias "económico-financieras, educativas, lingüísticas y culturales" de la "nación" catalana. La diferencia es que Muñoz Machado habla sin tapujos de reforma y el "padre" de la Carta Magna Rodríguez de Miñón únicamente de "mutación".
También se parece al "pacto para Cataluña" de Pedro Sánchez antes de que los barones, en sorda rebelión, se echaran encima de su líder para trocar la "bilateralidad" que lee Iceta en la propuesta en simple y medular "singularidad"; cuadrando el círculo, una asimetría no desigual. Pero llámese esto o lo otro, lo que tienen en común las ideas de Muñoz Machado, Miñón y Sánchez es que cabrían en una Constitución mutada o reformada y, por lo que se sabe, a Puigdemont y compañía eso hace mucho que ya no les basta.
Sin embargo, a algo de ese estilo deberá asemejarse el final del culebrón secesionista catalán, que desde ayer se enfrenta al imposible de preparar la independencia con unos presupuestos prorrogados y el chorro de dinero que cada año les insufla Madrid (qué desdoro) para pagar a farmacéuticos y otros.
A nadie debe extrañar lo ocurrido: la CUP ama más la desobediencia que la independencia (como ya se ha dicho varias veces en estas columnas) y sabe que lo último que Puigdemont desea es un nuevo adelanto electoral, que haría el tercero desde 2012. La cuestión es si podrá evitarlo: al president le sostiene un pacto de estabilidad que no se cumple ni para lo más básico, y ha unido su destino al de un partido para tramitar tres leyes de ruptura que no tiene dinero para desarrollar; por tanto, aunque se legisle sobre ellas, no habrá estructuras de Estado, ni 870 millones más para gasto social.
Eso sí, Puigdemont proclama solemnemente que no renuncia al "procés", aunque esté tocado y hundido. Y él, gracias a las malas compañías, pendiendo de un hilo. En septiembre se someterá a una cuestión de confianza. Entonces veremos.
