Europa está viviendo desde 2015 la mayor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundial. Ese año, un millón y medio de personas refugiadas llegan a Europa. En los cuatro primeros meses de 2016 ya habían llegado 1.200.000, han cruzado el mediterráneo 171.82 personas de las que el 36 % son niños y niñas, y van a continuar viniendo y aumentado el número de mujeres y niños que huyen de la guerra y la crisis desatada en Siria, Libia y otros países de Oriente Medio y el Mediterráneo.

El acontecimiento que está ocurriendo es un viaje migratorio a Europa (el acto más repetido desde los albores de la humanidad). Son millones de personas que huyen de conflictos y que buscan un lugar seguro donde vivir lejos de la guerra. Casi la mitad de ellos son niños y niñas. Este viaje, que serían cuatro horas de avión para cualquiera de nosotros, se ha convertido para ellos en un infierno donde muchos encuentran la muerte, otros son deportados y los que tienen más suerte permanecen en centros de internamiento, de refugiados o de detención, donde no gozan del reconocimiento ni de la garantía de ninguno de sus derechos.

Europa se ha enfrentado a este grave problema olvidando la dramática situación que padecen las personas refugiadas, utilizando a las personas como objetos en sus negociaciones, e incumpliendo la legalidad internacional. Europa y España están protagonizando algunos ataques a los derechos humanos, y esto es motivo de preocupación para los juristas, como afirma la presidente del Consejo General de la Abogacía española, Victoria Ortega (Diario La Ley,18 de mayo de 2016).

¿Cuál es su incidencia política y jurídica? Las medidas adoptadas por los gobiernos europeos son injustas, ilegales e inhumanas. Se está utilizando el Derecho para criminalizar actuaciones humanas de supervivencia, y se está abocando a las personas a caer en manos de las mafias que comercializan con sus vidas. Hay un mercado de seres humanos en Europa, y la mayoría de ellos son niños y niñas. Hay una emergencia de infancia, se ahogan muchos niños y niñas: de las 315 personas ahogadas en los cuatro primeros meses de 2016, la mitad son niños y niñas, y se pierden muchos hijos: hay más de 10.000 que están desaparecidos y a merced de las mafias y los traficantes.

Nuestros gobiernos, nuestros políticos, están incumpliendo con sus obligaciones de proteger a la infancia. Tienen que cambiar el rumbo de sus políticas para atender a la infancia refugiada. Como no lo está haciendo, son los ciudadanos espontáneamente en unos casos y, en otros, de manera organizada en ONGs locales e internacionales (Save The Children, Médicos sin Fronteras, Acnur), quienes está salvando a estas personas refugiadas y denunciando ante el mundo la dura realidad que están viviendo y la vulneración de los derechos que están sufriendo.

Save The Children ha seguido una de estas rutas para proteger a los niños refugiados y se ha detenido en los diferentes campos de refugiados del camino desde Siria a Europa: Zaatari (Jordania), Turquía, en el puerto del Pireo (Atenas), o en la isla de Lesbos. Al cerrarse la ruta de los Balcanes, se abre otra mucho más peligrosa, la del norte de África hacia las costas italianas. Como no se les concede visado para venir en ferri (como cualquiera de nosotros haríamos), se les obliga a entregarse a las mafias y hacer su travesía en barcas muy frágiles (3.000 euros por persona), con salvavidas para niños que no flotan (600 euros) y sin ningún patrón que sepa tripular la embarcación. Ante la pasividad de nuestros gobiernos de salvarlos de morir ahogados, Médicos sin Fronteras puso en marcha una operación de salvamento con tres barcos y pudo salvar en 2015 más de 23.000 vidas. Las misiones aprobadas por la Unión Europea como Tritón, Poseidón o Prometeus no son para salvar a las personas, sino para proteger las fronteras, no son operaciones de rescate y salvamento sino misiones militares-policiales que vienen de la agencia Frontex para el control y la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores de la UE.

Se está vulnerando por las autoridades europeas el derecho de asilo y la legalidad internacional (el Convenio de Ginebra y el Convenio de los Refugiados). Se está restringiendo el derecho a la libre circulación en Europa, el espacio de libertad justicia y seguridad de Schengen. También se está vulnerando la normativa comunitaria contenida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su Carta de Derechos Fundamentales, y los valores que han dando fundamentado la democracia y los derechos humanos en Europa. Se está incumpliendo la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Se permite deportar a las personas (prohibido por el Derecho Internacional), se está favoreciendo el tráfico de seres humanos al impedirles venir en un medio de transporte seguro y al cerrar las fronteras (cruzan las fronteras con las mafias), y no se están buscando a los 10.000 niños desaparecidos en territorio europeo, que quedan a merced de las mafias que los explotan laboral y sexualmente y también son víctimas del tráfico de órganos.

¿Cuáles son las peticiones de los ciudadanos? Para las personas refugiadas que están haciendo su viaje migratorio a Europa, sobre todo desde Siria, Afganistán o Irak, nosotros, los ciudadanos europeos, somos una oportunidad en su vida, ya no pueden volver a sus casas, porque están destruidas por nuestras bombas, y nos preguntan: ¿Qué podemos hacer? Y nosotros, los ciudadanos europeos, decimos a nuestros gobiernos que para solucionar el grave problema humanitario que padece Europa, deben hacer otra política, cambiar su política de frontera y represión por una política de salvamento y reubicación:

1. No más muertes en el Mediterráneo. Que se pongan en marcha operaciones de rescate y salvamento.

2. Vías seguras y legales para el viaje migratorio, no convertir su viaje en una vía mortal

3. Que Europa cumpla con su compromiso de acoger a 160.000 refugiados, España 17.000.

4. Que se busque a los niños y las niñas desaparecidas, que se libere a los niños y niñas detenidos, que se les acoja en un lugar seguro y que se les de la asistencia que precisan según sus necesidades y derechos.

Si los gobiernos no cumplen con el Derecho, con la justicia y con la humanidad, los ciudadanos necesitamos vías jurídicas para hacerles cumplir sus obligaciones de justicia. Pero la justicia procedimental es de difícil acceso para los ciudadanos, ni el Derecho ni la política brindan vías directas a las ciudadanía para denunciar el incumplimiento de las obligaciones y deberes de sus representantes. Por ello, los juristas preocupados por estas grandes lagunas, precisamos crear nuevos instrumentos que permita una acción popular a la ciudadanía, para poder actuar ante los tribunales europeos e internacionales contra el incumplimiento de la legalidad internacional y de los derechos humanos por parte de nuestros gobiernos.