Hemos asistido a una segunda campaña electoral especialmente monótona, donde las mayores tensiones se han generado fuera del escenario habitual, teniendo como protagonista la amenaza de que dentro de unos meses se cumpla el dicho de que no hay dos sin tres y a unos ministros multifunciones, que han acaparado todos los focos. Así, en esta fase final, las escuchas al responsable de la cartera de Interior y la posible utilización partidista del FLA por el ministro Montoro, han suplido a unos candidatos apáticos y conformistas.

En el primero de los temas candentes, al analizar la conversación entre Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, parece que nos hemos quedado en lo puramente formal y que interesaba sólo en clave electoral. Desde mi punto de vista, no es bueno simplificarlo todo al hecho de descubrir y ajusticiar al mensajero, pedir dimisiones sin esclarecer el fondo del asunto o abrir el aspersor de las acusaciones al resto de dirigentes políticos. Antes de eso, o quizás sin ello, ha de quedar claro que nos encontramos ante un caso alarmante de instrumentalización de las instituciones del Estado por parte de altos cargos, ya que presuntamente se estaba hablando de utilizar política y mediáticamente diferentes investigaciones seguidas por posibles casos de corrupción que afectaban a políticos catalanes. Por lo tanto, lo trascendente no es que uno pueda reunirse con el ministro, sino el chalaneo que se pretendía hacer de la información sobre determinadas personas investigadas, perdiendo en ese punto la objetividad e imparcialidad que debe esperarse de cualquier Administración. A partir de ahí, lo que muchos también queremos saber es si lo que se dice en la grabación tiene algo de veracidad y cuál fue el motivo de su archivo.

En el otro apartado, el ministro de Hacienda también ha querido tener su minuto de gloria en estas elecciones, después de que aterrizara en Valencia para hacer campaña con los 991 millones que serán pagados por el FLA, aprovechando para cargar contra el Consell y su falta de diligencia al presentar la documentación requerida. Indistintamente de quién tenga la razón, deberían exigírseles un esfuerzo por entender que cuando tenemos una autonomía colapsada por sus deudas, con un déficit importante de financiación y una considerable deuda histórica, el retraso en la llegada del FLA perjudica directamente a miles de ciudadanos y los servicios que se les prestan, por lo que sería deseable otro tipo de relación y exigir la máxima colaboración entre Administraciones. Sin embargo, estábamos en campaña y todo se perdona.