Cuatro mil hectáreas consumidas en los primeros incendios forestales de la temporada no es que sea un buen dato para comenzar. Los vecinos de Carcaixent, Aigües Vives y sus inmediaciones han visto desaparecer la mayor parte de masa arbórea que les proporcionaba un ecosistema singular y tendrán que esperar décadas para ver reparado el daño. La Generalitat se ha comprometido desde el primer momento a ayudar en las zonas afectadas pero la Naturaleza no regresa a su estado inicial en lo que dura un mandato electoral.
La política de prevención y extinción de incendios en la Comunitat Valenciana es objeto de controversia prácticamente desde que se inició. Entre otras cosas porque la cifra de hectáreas de monte quemadas ha venido siendo utilizada como arma arrojadiza entre los partidos gestores, aunque un gran incendio se pueda producir porque un inconsciente tire una colilla desde un coche en marcha en un día de viento de Poniente. Hay quien llega a decir que una mala temporada de incendios puede tumbar a un gobierno, aludiendo al efecto negativo que los grandes siniestros de principios de los años 90 pudieron tener sobre las elecciones de 1995 que dieron el poder al popular Eduardo Zaplana y se lo quitaron al socialista Joan Lerma.
Desde ese año, los conservadores han gobernado ininterrumpidamente la Generalitat y, como si hubieran aprendido de sus predecesores, desarrollaron una política antiincendios basada en un despliegue de personas y medios de un elevadísimo coste. El objetivo era detectar cuanto antes el mínimo conato para enviar a toda la caballería, por tierra, mar y aire, a impedir su propagación y apagarlo.
El tiempo y las ambiciones de algunos torcieron aquellos buenos propósitos hacia un sistema en el que se introdujo la corrupción por todos los poros, y ahí están como ejemplo las investigaciones judiciales sobre los contratos de las aeronaves de prevención y extinción, las listas de brigadistas forestales contratados por la antigua Imelsa, hoy Divalterra, trufadas de enchufados de los partidos políticos, sindicatos y sagas familiares, dirigentes locales, y muchas más incidencias.
Tras 20 años de esa política de matar moscas a cañonazos, que ha dado ejercicios buenos y balances trágicos, los nuevos responsables de la gestión forestal, la consellera Elena Cebrián y el todopoderoso secretario autonómico Julià Álvaro, han anunciado una revisión a fondo de los planes de acción forestal y de todas las actuaciones de prevención que según parece estará lista antes de fin de año. Los ecologistas, hoy en el Gobierno de la Generalitat, han sido siempre los más críticos con la gestión del monte. Ahora tienen ocasión de desarrollar sus estrategias y que la sociedad mida sus resultados.
Por el momento, la Administración autonómica ha encontrado en el último año especiales dificultades para sacar adelante proyectos destinados a la prevención de incendios. Incluso algunos de los que estaban en marcha, como en Serra y Enguera, fueron paralizados por diversas razones.
Entre los cambios en la política forestal del nuevo Ejecutivo se ha incluido también la cancelación parcial de contratos de mantenimiento con brigadas de Vaersa encargadas de actuar en las áreas de cortafuegos, fuentes utilizadas como puntos de agua y para abastecimiento de helicópteros y cubas, arreglo de caminos, etc. Trabajos que hasta ahora eran encomendados a esta empresa pública de tormentosa gestión por el número de causas que tiene en los tribunales deberán salir a concurso público en aras de una bienvenida transparencia impulsada por la Intervención y la Abogacía de la Generalitat.
El Gobierno que nació en el Botànic, recinto depositario de la memoria arbórea, tiene la palabra en materia forestal. Si el acierto le acompaña, el monte y la sociedad que tanto estima sus bosques se lo agradecerán, pero si fracasa las pérdidas serán visibles, mensurables y de difícil reparación. El momento de predicar que hay otra manera de gestionar la política forestal ha pasado. Ahora es el tiempo de dar trigo.
