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Robot & Autoservicio, Desempleo del «Low Cost»

Las tecnologías son herramientas que carecen de agenda propia pero su influencia nunca es neutral. Hoy sabemos que dejado el fenómeno digital al albur de políticas estrictamente liberales se están minando las posibilidades de empleo para muchas personas, sin que haya ninguna respuesta solidaria y creíble al respecto. Ignorarlo tiene algo de suicida. La tecnología es una fuerza sobre la que los humanos tenemos control. No estamos constreñidos a un sí/no entre aceptación y rechazo. Las decisiones que políticos, ciudadanos, inversores y usuarios marcan el rumbo del desarrollo futuro en un mundo con menos empleo.

No todas las tecnologías tienen la misma trascendencia e inevitabilidad. Por ejemplo, un robot que trabaja en Almussafes tiene su razón de ser en una economía globalizada donde hay que afrontar una competencia feroz. Hoy sin robotización no hay posibilidad de mantener el empleo en el sector automovilístico y el nuestro no es una excepción. Sin embargo, este argumento de competencia internacional no tiene validez cuando se abusa de la automatización de mercados que poco tienen que ver con lo internacional. Pensemos en la laminación de empleos que suponen las máquinas pensadas para el sector servicios que inducen al usuario a ejercer el autoservicio en lugares tan diversos como: gasolineras, cajas de los supermercados, cobro de las autopistas, etcétera. Ninguna amenaza referida a la competitividad del país explica la sustitución en estos puestos de un trabajador por el matrimonio robot+autoservicio propio del low cost. Manteniendo estos puestos de trabajo, no dejaremos de exportar producto alguno, ni ningún turista nos abandonará y seguramente algunos millares de personas tendrán empleo. La tecnología puede extender la capacidad del trabajador (el código de barras del producto en una caja) pero es más que dudosa cuando simplemente quiere desplazarlo por medios digitales. La robótica en momentos de gran demanda de trabajo humano no siempre está justificada.

El caso de las estaciones de servicio es especialmente revelador. Todo empezó con la decisión de las grandes compañías de despedir personal, impulsando para ello a que los conductores se autosirvieran, dejando a una sola persona en la estación al cuidado del cobro y de la venta de productos que nada tenían que ver con el combustible. Fue la insolidaria decisión de competir en propio mercado doméstico prescindiendo de los trabajadores. Sin embargo, la tecnología es incontrolable, especialmente si se encuentra con la estupidez humana. Hace tres años, intentando luchar contra el desempleo, se puso en vigor la ley 11/2013 con supuestas medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Al parecer, el mero hecho de que un inversor se pusiera la chaqueta de emprendedor iba a dar lugar a la creación de empleo en nuestro país.

Entre estas medidas, presuntamente favorables para el empleo, estaba la posibilidad de abrir nuevas estaciones de servicio en lugares hasta entonces no permitidos. Los supuestos emprendores (ahora sabemos que en forma de franquicias (Ballenoil, Petroprix, GasExpress, Settran, Nafte, Petrocar, AutoNet & Oil, etcétera) en los meses siguientes montaron unas 800 gasolineras en España (82 en la Comunitat Valenciana) basadas en el sírvase usted mismo sin empleado alguno. El funcionamiento es sencillo: el conductor llega a la estación de servicio en la que nadie trabaja (afortunadamente la GV desde hace dos semanas lo ha cambiado, al igual que en otras autonomías) donde gracias a un sistema de cámaras y sensores, se paga con tarjeta, se sirve la cantidad correspondiente y sigue su ruta. El resultado es una gasolina unos 10-20 céntimos el litro más barata. Ha sido el boom de las gasolineras fantasma.

Los costes por la compra del terreno y la instalación completa suponen una inversión que oscila entre 500.000 euros y un millón de euros, con una recuperación estimada de la inversión entre 3 y 7 años, basadas en franquicias que además de garantizar la inversión ofrecen toda la cobertura técnica, sin tener que contratar a ningún nuevo empleado.

Es muy razonable que la Dirección General de Comercio hoy obligue a que en cada establecimiento trabaje, al menos, una persona responsable de los servicios en horario diurno, que además de garantizar los derechos de los usuarios sea responsable de atender a las personas con discapacidad. Otros compromisos se contemplan para los establecimientos en pequeñas poblaciones rurales. Viviremos pleitos y razonamientos relacionados con las ventajas de una gasolina más barata para el consumidor, pero el nuevo modelo de negocio se basa en un simple desplazamiento del trabajador por una tecnología nada puntera.

Cuando el paro nos golpea de forma tan inmisericorde como ahora, conviene que aparezcan determinados debates relacionados con la solidaridad, el primero es el del ciudadano que está dispuesto a destinar su tiempo practicando el autoservicio propio del low cost y por otro lado el ingeniero que debe plantearse si el desarrollo de este tipo de máquinas es el más adecuado en estos momentos. Quienes dan ayudas a la I+D deberían saber seleccionar entre las distintas aplicaciones que deciden apoyar con dinero de todos.

La historia no se repite, pero rima. Con todas las diferencias entre la digitalización y las fases anteriores de la revolución industrial, la digitalización, como todos los grandes cambios, creará ganadores y perdedores. Para corregir esta situación, en la media de lo posible, el papel del Estado es insustituible en tres aspectos: mantener unas condiciones de vida adecuadas para los que puedan verse, siquiera sea por un tiempo, excluidos del mercado de trabajo; orientar la educación para crear una fuerza de trabajo que pueda tener alguna esperanza de un lugar de trabajo en el actual entramado económico; y, sobre todo, contribuir a orientar la tecnología. Ni los programas de investigación, ni la financiación de la innovación, en la que el Estado tiene un papel principal, son algo intocable, y por tanto no hay que aceptar que su dinámica deba ser aceptada a cualquier coste, ya que no obedecen a ninguna ley de la Naturaleza.

Demasiado a menudo el desarrollo tecnológico y político deja de prestar atención a las consecuencias sociales. Es concebible que los poderes públicos hayan de obligar a los innovadores a tener en cuenta los efectos de sus innovaciones sobre el empleo, porque el mercado por sí solo no lo hará. La destrucción de empleo es un mal que hay que procurar evitar aunque nos encariñemos con el consumo low cost.

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