Los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local, esos grandes desconocidos de la sociedad, también nos reunimos de vez en cuando y hasta celebramos congresos. Justamente acabamos de celebrar el más importante en nuestro colectivo y que nos reúne cada dos años. El lugar elegido para nuestra XI Asamblea fue Granada y reunidos en torno al lema «Por el buen gobierno y los derechos de las personas» cerca de cuatrocientos habilitados nacionales tuvimos la ocasión de trabajar y debatir sobre la realidad e importancia de nuestra profesión.

Como colectivo no podemos ni debemos permitir que la ignorancia general que existe de nuestra profesión lleve a la ciudadanía a confundir nuestra esencial labor con la desafortunada y generalizada falta de rigor y honestidad que en los últimos tiempos viene caracterizando al sistema político en su conjunto. Javier Biosca, presidente de Cosital Valencia, incidió en al menos dos líneas fundamentales de gran importancia para el colectivo. Por una parte, la oportunidad y conveniencia de darnos a conocer, que se nos visualice y se valore nuestro trabajo.

Por otra parte, la lucha contra la corrupción en la Administración Local con la colaboración con fiscales, jueces y tribunales. Buen ejemplo de ello es la creación y puesta en funcionamiento dentro del colectivo de la bolsa de peritos judiciales. Nadie mejor que nosotros mismos para informar, asesorar y orientar a los jueces y fiscales sobre los asuntos que nos atañen. Por el prestigio de nuestra profesión no puede volver a repetirse en el futuro que otros colectivos externos a la habilitación nacional y habitualmente ignorantes de nuestra realidad realicen esta importante colaboración con los tribunales. Ahora que los juzgados demandan nuestra colaboración hemos dado como colectivo el paso al frente que nos reclama la sociedad.

Los secretarios, interventores y tesoreros de Administración Local somos un activo de gran valor en la modernización del sistema político, por la imparcialidad y la independencia con la que realizamos nuestro trabajo, y tenemos la obligación de que la sociedad a la que servimos nos vea como ese activo que somos. La implantación de la administración electrónica es un fenómeno inaplazable e inevitable, que se debe hacer desde el liderazgo de los habilitados nacionales. La firma electrónica es el instrumento esencial de apoyo para el ejercicio de las funciones públicas reservadas: fe pública y asesoramiento legal. En este sentido, la aparición de herramientas de firma automatizadas (sello de órgano, sello de tiempo, copias electrónicas...), no constituye un peligro o amenaza, sino al contrario, una oportunidad.

Es un deber aprovechar esa oportunidad. Los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local nos hemos comprometido a garantizar los derechos de las personas en nuestra labor diaria. Entre ellos, la información pública, la transparencia y la participación en las instituciones locales.