Cuando se cierra una empresa porque ya no es rentable y se despide a todos sus trabajadores nos encontramos ante una tragedia, tanto para quien pierde su empleo, como para quien pierde su negocio. Y si la empresa es pública, perdemos todos. Y aunque parezca menos doloroso, no nos equivoquemos, es lo mismo. El caso de RTVV es único: mientras los extrabajadores y los propietarios, que somos los valencianos, todavía estamos llorando su pérdida, la empresa se está abriendo de nuevo. El mismo jefe está intentando poner en marcha el ente que no era sostenible hace un par de años. Y para ello ha optado por la vía de abrir una nueva empresa, con el mismo objetivo y en las mismas instalaciones, pero no tiene muy claro si con la misma plantilla.
El tripartito apuesta porque los extrabajadores mantengan sus derechos de la anterior empresa. ¿Por responsabilidad legal o por remordimiento? Me inclino a pensar que por lo segundo, y no tengo claro que la solución para tapar ese remordimiento sea legal. Las personas que han trabajado en RTVV no son culpables de la mala gestión, ni de su irracional e inepto cierre, pero o tienen derechos o no, o la nueva empresa es la misma que se cerró o no. Ni valen medias tintas, ni medias verdades. Ni los extrabajadores se merecen ir peleando por sus derechos, ni los valencianos ser engañados con el precio de la reapertura de RTVV y ambas cosas están pasando. Abrir Canal 9 de nuevo, hoy por hoy, ni vale cinco, ni diez, ni 29 millones, vale mucho más.
