El Partido Popular de la Comunitat Valenciana parece vivir en una segunda (o tercera, o cuarta) edad de oro. A principios de la primavera, nada más estallar el «caso Taula» que desmanteló las estructuras provincial y municipal de Valencia por las supuestas tramas de comisiones y blanqueo de capitales respectivamente, los conservadores se sumieron en una profunda depresión. No sabían qué aparecería al día siguiente en los medios de comunicación y su extrema debilidad les llevó a plantearse el cambio de nombre del partido, la celebración de un congreso extraordinario y urgente y la desaparición de la escena política de cualquier cargo o militante que pudiera haber tenido que ver con alguna de las tramas, al grito de «el partido es lo más importante y está por encima de las personas».
Tras la nueva victoria electoral y la recuperación de casi 80.000 votos con respecto a las elecciones generales de diciembre de 2015, el ambiente se ha relajado y aquellas premuras de marzo ya no agobian tanto. El PP valenciano va a mantener su denominación clásica y en cuanto al congreso regional que algunos querían celebrar antes de las elecciones del pasado domingo para concurrir con una formación totalmente renovada, la nueva fecha es el mes de octubre, como pronto. En momentos de apuro, no hay mejor bálsamo que el voto de los ciudadanos para una organización que es hegemónica en la Comunitat Valenciana desde 1995.
Empieza a instalarse en las cabezas y los discursos de los líderes del partido conservador que el efecto de los casos de corrupción protagonizados por destacados dirigentes y militantes y por la formación misma ya ha pasado y que a partir de ahora se abre el horizonte para, como asegura la presidenta Isabel Bonig en declaraciones a Levante-EMV, gobernar la Generalitat en 2019 otra vez.
Sin embargo, tanto en Madrid como en la Comunitat Valenciana, los consevadores han de tener muy en cuenta que sus victorias del domingo pasado tienen una buena parte de coyuntural y que al igual que muchos electores han acudido a un valor refugio en esta ocasión, con otro marco puede producirse un resultado adverso.
Es evidente que el Partido Popular tiene un apoyo muy importante. En las últimas décadas ha aglutinado todo el voto conservador, ha absorbido a la ultraderecha y, en la Comunitat Valenciana, ha sumado a los regionalistas a sus filas. Pero además de los encantos de su programa y sus candidatos, el 26-J el partido cosechó una parte del voto del miedo que había sembrado hacia Podemos; decenas de miles de sufragios procedentes de Ciudadanos en aplicación del «voto útil» y también los efectos del sorprendente resultado del referendum en Gran Bretaña, tras el que las bolsas se hundieron, Europa tembló y durante 48 horas, precisamente las previas a las elecciones generales, pareció que el mundo se iba a acabar.
En cierto modo, la victoria del PP se ha producido «a crédito». Y eso es precisamente lo que se juegan Rajoy y Bonig en los próximos años. En Madrid, el todavía presidente en funciones tiene la obligación imperiosa de renovar en profundidad un partido que paga las obras de su sede con dinero negro, que vive bajo la acusación de llevar una contabilidad oculta de la que los dirigentes perciben sobresueldos en «B», y que percibe comisiones ilegales de tramas que le surgen alrededor como setas en torno a contratos de las administraciones públicas.
En la Comunitat Valenciana, el tejido del PP está gangrenado. Los efectos de las actividades de quienes ostentaban hasta hace cuatro días las presidencias provinciales del partido aún perviven. En la ciudad de Valencia, ocho de los nueve concejales están bajo investigación judicial y en una situación insostenible para ellos y para su formación. Isabel Bonig ha renovado su organigrama con la incorporación de personas de su confianza que nada tienen que ver con el PP del banquillo de los acusados. Pero ella y buena parte de su equipo saben que no es suficiente, que han de pasar por un congreso prácticamente de refundación, de cambio profundo y sincero que aparte de los órganos de dirección y de la mirada pública a personas del PP que no ha de volver por el bien de la democracia. Y ha de ser pronto, a pesar de la victoria balsámica y del peligro de la autocomplacencia. La sociedad necesita partidos y movimientos sociales fuertes y fiables, y un PP con los pies de barro y en el centro de la sospecha no podrá cumplir la misión que la Constitución encomienda a las formaciones políticas en su artículo 6.
Mal cambio de cromos el de Mira por Salas y Cucarella
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado cambios en el segundo escalón de la Administración autonómica para corregir algunos desajustes detectados en determinadas áreas de gobierno. Todo parece indicar que la secretaria autonómica de Sanidad, Dolores Salas, designada por la cuota de Compromís, será destituida tras el contrato que una fundación bajo su control, Fisabio, formalizó a su hija, y que otra alto cargo de la misma filiación naranja, Mónica Cucarella, tendrá que dejar su puesto por no haber declarado actividades en una empresa familiar, una gasolinera, pese a la importancia que el Consell del Botànic otorga a la transparencia de sus responsables. Por el tercio socialista se da por segura la salida de María José Mira de la Secretaría Autonómica de Economía, pero no por ninguna irregularidad, como las dos anteriores, sino por discrepancias insalvables con el conseller que le tocó en el mestizaje, Rafael Climent, de Compromís. Si los ceses se plantean como un cambio de cromos, el PSPV habrá salido perdiendo, al equiparar una diferencia política con dos actuaciones inadmisibles para el listón del Ejecutivo. No es lo mismo opinar que aprovecharse u ocultar una actividad. O al menos no debería serlo.
