06 de julio de 2016
06.07.2016

Las pensiones se mueren y nadie las llora

06.07.2016 | 04:15

Según la encuesta del CIS sobre los resultados de las elecciones de diciembre, el 40 % de los que tenían más de 65 años votó al PP. Si consideramos que los jubilados son unos 8,5 millones, nos daremos cuenta de que es de este yacimiento de donde extraen los conservadores sus mejores nutrientes. Las inseguridades que producen la edad y la precariedad económica „más del 50 % de los pensionistas cobra menos de 665 euros„ inclinan a este colectivo a ser votante preferente del partido de la patronal y las finanzas. Curiosamente, no hay razón para este conservadurismo. Un repaso a lo ocurrido con las pensiones demuestra que las únicas trampas al porvenir son las que pone Rajoy. Un reciente informe elaborado para la poco sospechosa de izquierdismo Fundación de las Cajas de Ahorros por el profesor de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri, señala que las reformas en este ámbito «son poco más que una rebaja generalizada». O sea, que ha quitado el dinero a los pobres para dárselo a los ricos.

Empecemos por la subida de las pensiones. Según el PP, ellos no han hecho como el «bobo solemne»: bajar las pensiones. Al contrario, fantasean con la cantilena de que las han subido un 9 %. En esto, la primera mentirijilla es que Zapatero bajó las pensiones. No. Las congeló. No es lo mismo. Y la segunda es peor que una mentira, porque es una media verdad. Las pensiones subieron. Es cierto. En 2012 un 1 %; en 2013 un 2 %; en 2014 y 2015 un 0,25 %. Pero la capacidad de compra en este período disminuyó un 3,65 % para las pensiones más bajas y un 4,65 % para las superiores a 1.000 euros. Además, el índice de revalorización establecido por la reforma del PP hará que las prestaciones crezcan por debajo de la inflación durante muchos años. Para hacernos una idea: Zapatero, antes de entregarse atado de pies y manos al neoliberalismo, las revalorizó, desde 2004 a 2011, en un 50 %. Y siempre elevó en proporción las más bajas.

Esta subida la han pagado los mismos pensionistas. El método ha sido muy sencillo. Lo primero fue establecer el repago (10%) de los fármacos. La idea permitió trasvasar 7.000 millones de euros del bolsillo de los ciudadanos a las arcas de Montoro. A esta sangría, le siguió la retirada de 417 medicamentos paliativos o curativos de enfermedades leves, pero comunes y estacionales, que suponían entre un 10 y un 15 % de las prescripciones de un médico de Asistencia Primaria, succionando así otros 500 millones. Y, a continuación subió el IVA, con lo que el Estado se embolsó 24.300 millones, de los cuales una parte importante proviene del consumo usual y cotidiano de aproximadamente ocho millones y medio de pensionistas, pues avanzaron dos puntos la mayoría de los alimentos y algunos productos farmacéuticos, y tres puntos la luz, el gas, el teléfono, la ropa y el calzado. Con la precariedad y los sueldos que quieren que bajen cada vez más, serán millones los que no puedan pagarse un plan de pensiones privado.

En este capítulo, fue de especial crueldad la demolición de la ley de dependencia, que afectó muy particularmente al colectivo de pensionistas, y sobre todo a las mujeres. El gesto supuso 2.000 millones de euros menos y 400.000 desatendidos. Cientos de miles de pensionistas han tenido que asumir la atención a la dependencia de sus familiares. A lo que hay que sumar el descenso de las ayudas a la familia, más de 2.700 millones menos entre 2009 y 2014, según Unicef. Los mayores se vieron obligados a transferir una parte de su tiempo, cuando no de su espacio, a sus hijos, al tener muchos de ellos que regresar al hogar de sus padres a causa de la crisis o para facilitar la conciliación. Según la Unión Europea, el 17 % de los abuelos «presta cuidados intensivos» a sus nietos, mientras en Alemania y Francia no pasa del 8 %.

Expropiación indirecta de los ahorros de los pensionistas. Dada la estructura débil y subordinada del capitalismo español, la devaluación salarial no ha sido suficiente para acrecentar la tasa de acumulación de capital, que ha sido el objetivo de la política económica de Rajoy. De modo que la estrategia se ha orientado hacia la apropiación indirecta del ahorro popular, que, gracias a la solidaridad familiar, estaba actuando de amortiguador frente al creciente empobrecimiento. Dicho con más claridad: la voladura de la política compensatoria obligó a que el ahorro de muchos años de las personas mayores tuviese que paliar la reducción de la cobertura del paro, los recortes en educación, sanidad y dependencia; atender las obligaciones de los deudores y sufragar las necesidades más elementales (educación, alimentación, vestido, vivienda, etcétera) de las familias que de un día para otro habían caído en las garras de una crisis que hizo descender la masa salarial en 40.000 millones de euros. Fue un botín que, a través del consumo y el pago de deudas, acabó en los bolsillos del capital financiero y los empresarios.
Esta fue una suerte de desamortización que permitió birlar en cuatro años el ahorro de toda una vida a los sectores más débiles e indefensos de la sociedad: los mayores. Menéndez Pelayo llamó a los bienes arrebatados a la Iglesia en las desamortizaciones del siglo XIX, bienes que ésta previamente había obtenido del pueblo, el «inmenso latrocinio». La expropiación provocada por la política económica de Rajoy, bien podría denominarse la «inmensa estafa». Fue un gran negocio. El aumento del gasto de las familias, que exigió el esfuerzo solidario, permitió que el ahorro público pudiese, en parte, salvar a la banca y a algunas grandes industrias.

La destrucción del actual sistema de pensiones. Si el descenso de la población, la mayor esperanza de vida, la disminución del número de trabajadores y los bajos salarios ponen en crisis el sistema de pensiones, la política económica del PP acelera su quiebra al provocar el descenso en cantidad y en calidad de las cotizaciones (a causa del trabajo precario, en negro y las horas extraordinarias no declaradas) y al transferir fondos de la Seguridad Social a los bolsillos de los empresarios, rebajar los tipos de cotización y ofrecer generosas bonificaciones, con la falsa disculpa de aumentar el empleo. A este descenso de la caja, se une el auténtico saqueo del fondo de reserva. Acumulado en años de la burbuja inmobiliaria, ha pasado de 66.000 millones a 32.000.

Las pensiones se mueren y nadie las llora. Incluso algunos jalean a quienes las están matando. Lo grave es que ésta no es una política inocente, sino que tiene un fin claro: hacer imposible el pago de pensiones con el sistema actual. Hábil treta para que los trabajadores tengan que solucionar individualmente su futuro mediante planes privados que es, con la sanidad y la enseñanza, el negocio que la glotonería capitalista ha situado en su punto de mira. Por este camino, los jubilados actuales seremos los últimos en tener asegurada una pensión digna, porque, con la precariedad y los sueldos que quieren que bajen cada vez más, serán millones los que no podrán pagarse un plan de pensiones privado, no porque no quieran, sino porque no tendrán ninguna capacidad de ahorro. Quizás algunos no se hayan dado cuenta de que por este camino y con estas políticas vamos a dejar a nuestros hijos un mundo mucho peor, más desigual y menos solidario que el que heredamos y que el que con tanto sacrificio y esfuerzo común habíamos conseguido. Porque lo que ahora nos quitan no nos lo regaló nadie.

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