09 de julio de 2016
09.07.2016

Políticas de empleo social

09.07.2016 | 04:15
Políticas de empleo social

Esta semana, el gobierno valenciano ha publicado la orden de bases para las subvenciones de los centros especiales de empleo en 2016, una norma imprescindible para un sector básico en la contratación de personas con discapacidad. Por situarnos, estas entidades se han convertido en el auténtico dinamizador del empleo social de las personas con discapacidad, con más de 65.000 puestos creados en toda España, principalmente en aquellas de especial vulnerabilidad, donde tienen muy limitado su acceso al mercado ordinario. Además, según indican los informes de la Fundación ONCE, por cada euro que reciben de las administraciones públicas en subvenciones, éstos ingresan a las arcas del Estado 1,42 euros. Es decir, son fundamentales para la empleabilidad de este colectivo, y además, resultan rentables.

La primera cuestión que nos puede llamar la atención es la fecha en la que se aprueba un articulado con el que se pretende regular las subvenciones para el ejercicio 2016, y aunque nuestra reacción está justificada, es decir, no parece lógico que la necesaria estabilidad y seguridad jurídica de estas entidades venga condicionada al mes de julio y con un semestre del año ya vencido, lo bien cierto es que lamentablemente el Servef ha mantenido en este ámbito la falta de previsión del anterior ejecutivo. Pero junto con ello, y a la espera de que se desarrollen estas bases, parece que el sector del empleo social seguirá siendo uno de los grandes olvidados y castigados por la crisis.
Mientras que autonomías como Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura o Madrid, entre otras muchas, han seguido apostando decididamente por estos centros, habiendo publicado sus ayudas hace meses y manteniéndolas en toda su intensidad, no cabe duda de que las políticas de empleo de la Comunitat Valenciana en éste área siguen lastradas por su pasado. Si tuviéramos que resumir en unas pocas palabras esa orden de bases, podríamos hacerlo con las de inestabilidad en el empleo, limitación a la creación de nuevos puestos de trabajo y aplicación poco realista del principio de igualdad.

Con esta previsión, y si finalmente el gobierno valenciano no rectifica, mantendríamos nuestro puesto a la cola en las políticas activas en materia de empleo y discapacidad, además de consolidar la desigualdad con otras autonomías que verdaderamente sí que apuestan por este sector. A falta de que esas bases se concreten en la futura orden, seguiremos confiando en que finalmente impere el sentido común y se cumplan las promesas sociales, puesto que la diversidad funcional también existe más allá de las políticas puramente asistenciales.

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