Con la aprobación por el pleno de las Corts Valencianes el pasado día 13 del dictamen de la comisión parlamentaria destinada a investigar las causas y los responsables del accidente de la línea 1 de Metrovalencia ocurrido el 3 de julio de 2006 comienza a cerrarse, diez años después, la profunda herida que dejó en los familiares la ausencia de los 43 fallecidos, así como se da la razón a esa parte de la sociedad valenciana que nunca admitió que las explicaciones apresuradas que dio el Consell dirigido por el Partido Popular tuviesen visos de realidad. Los burdos intentos de ocultación del Gobierno de Francisco Camps en connivencia con el Grupo Parlamentario Popular y directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y de Radiotelevisión Valenciana no fueron más que una lamentable tentativa de pasar página cuanto antes en plena época de despilfarro de dinero público en grandes eventos y con la visita del papa.
En este dictamen de casi 300 páginas „que se lee con el corazón en un puño„ queda explicado, gracias a la abundante documentación a la que han tenido acceso los miembros de la comisión y a los 75 comparecientes, todo lo ocurrido el día del accidente, es decir, sus causas y sus responsables. Si la primera comisión de investigación se hizo con prisas, en pleno verano y en tiempo récord, con comparecientes que parecían autómatas gracias a las lecciones de comportamiento que se les había dado por parte de la consultora H&M Sanchís „al coste de 621.000 euros„ la comisión que se puso en marcha gracias al nuevo Parlamento autonómico ha acreditado que, en primer lugar, el accidente podría haberse evitado si se hubiesen realizado unas mínimas labores de mantenimiento de la línea 1 y se hubiese colocado una baliza con un coste de 3500 euros, determinándose que la fijación de los cristales de los vagones era de una calidad pésima, provocando numerosas muertes. Así como que la mala financiación de FGV, unida a la mala gestión que se hizo en materia de seguridad fueron, las causas principales que motivaron este accidente, según se establece en las conclusiones del dictamen.
En segundo lugar, la comisión hace un profundo estudio de la actitud huidiza con intención de tapar el asunto cuanto antes que tuvieron los responsables políticos de la época, empezando por Camps y sus consellers. Capítulo aparte merece el comportamiento de Juan Cotino y personas de su entorno visitando en sus casas a los familiares de los fallecidos con promesas de trabajo mientras no se constituía una ventanilla única donde se pudiesen centralizar y organizar cualquier consulta o petición relacionadas con aquel 3 de julio.
La respuesta del Partido Popular con Isabel Bonig a la cabeza pidiendo perdón aunque, según dice ella misma, no sabe sobre qué, mientas afirmaba que la línea 1 era segura, nos recuerda la soberbia con que este partido ha actuado durante los veinte años que gobernó la Comunitat Valenciana.
