Ha tenido que pasar un año entero para que la Conselleria de Transparencia, una de las ocho en las que el Pacte del Botànic decidió repartir la gestión, empiece a justificar el porqué de su entrada en tan selecto club. En estos doce meses, ciudadanos, artistas, políticos, sindicalistas, empresarios y gentes del mundo de la noche se preguntaban en público y en privado por qué la transparencia merecía ser objeto de una cartera del gobierno para ella sola mientras asuntos a priori más importantes como el empleo tenían que compartir espacio con otras competencias en la misma silla del Consell.
Seguro que se ocupa de muchas más cuestiones (una es la Cooperación, arruinada tras el paso de Blasco) pero hasta hace una semana, el equipo que dirige Manuel Alcaraz sólo había salido a la luz pública por su insistencia en lograr que los altos y medios cargos de la Administración autonómica entregaran y publicaran sus declaraciones de bienes e intereses, airearan sus currículos y difundieran en todo momento sus agendas y sus actividades. La cosa había empezado tan fuerte que el conseller revelaba en sus perfiles de las redes sociales las entrevistas que iba a mantener y con quién se iban a realizar, arrollando la intimidad de sus interlocutores cuando éstos no estaban sometidos a las estrictas lupas del nuevo gobierno. Luego todo se relajó un poco, principalmente por la resistencia de los propios altos cargos a enseñar en público más allá de sus epiglotis.
Al fin, llegó la oportunidad de exhibir lo que estaba guardado con tanto celo, el verdadero potencial del departamento: los comportamientos de dos altos cargos de la Generalitat, Dolores Salas y Mónica Cucarella, daban lugar a sendos expedientes con extensos informes de los que la Administración concluye que las dos tienen que dejar sus puestos. A la primera se le deja dimitir, posiblemente en atención a su perfil profesional, su vida dedicada a la lucha contra el cáncer; a la segunda, que se resiste, se le destituye en el pleno del Consell.
Es la primera vez que un gobierno autonómico se dota de un tribunal interno que instruye y dicta sentencia para sustanciar casos de responsabilidades personales, administrativas y políticas. Ya no habrá que esperar a los tiempos judiciales. Transparencia lo resuelve en pocas semanas. Visto así, es una lástima que no existiera antes. Se podía haber ahorrado mucho tiempo. Y muchos sofocos.
En el primero de los «casos borrosos» como prefiere llamarlos el conseller Alcaraz, las circunstancias que rodearon la contratación de la hija de la secretaria autonómica de Sanidad, Dolores Salas, en la fundación Fisabio, el expediente se encomienda a la Inspección General de Servicios, que detecta una serie de vicios y sugiere que se corrijan. La chica, estudiante de Sociología, no tenía curriculum para acceder a un contrato semibasura en la fundación, pero los encadenaba desde hacía algún tiempo en una entidad sobre la que su madre tenía ascendiente, aunque formalmente esta entrara en el patronato un mes después de que su hija fuera contratada. El expediente revela que la fundación pública decidió convocar una plaza de ayudante investigador un 5 de agosto, resolvió la selección el 24 del mismo mes y acogió en su sede a la contratada el 1 de septiembre. Una febril actividad del área de personal de la entidad en un mes prácticamente inhábil por estos pagos. Con tanto trabajo en verano debieron descansar justo el día en que las Corts pidieron el listado del personal de Fisabio y se les olvidó consignar el nombre y la ficha de la hija de la secretaria autonómica, una circunstancia que acabará costando el puesto al gerente de la fundación, a pesar de una cierta movilización en su defensa como investigador, valor que nadie ha puesto en duda.
En el segundo de los «casos borrosos», Transparencia lo tenía más difícil. Sin la Inspección de Servicios por medio, el análisis dependía directamente de la conselleria, constituida en tribunal político. Mónica Cucarella y su familia tienen una gasolinera en el centro de Alzira envuelta en una serie de problemas. La estación está cerrada, es objeto de litigio y la propia Generalitat exige la descontaminación del suelo. Ese es el campo de minas en el que se mueve la directora general de Internacionalización, número 3 de la Conselleria de Economía. Alcaraz también tiene su propio suelo minado: el conseller Rafael Climent la defiende, y también el jefe de gabinete, el todopoderoso Rafael Carbonell, elegido portavoz del Bloc Nacionalista Valencià en el último congreso de este partido, principal componente de Compromís. Este último, y todo el sector que aún tiene como referencia a Pere Mayor, incluido el exsecretario de Finanzas, Josep Melero, marido de la expedientada, ven tras la instrucción la mano oculta de la otra parte de Compromís, la Iniciativa del Poble Valencià que dirige Mónica Oltra.
Al final, no haber declarado que era apoderada de la empresa de la gasolinera y no haber presentado su título académico le han costado el puesto a la directora de Internacionalización. Tan alto ha quedado el listón. Como ella no veía motivo para dimitir, el pleno del Consell estimó la propuesta de Transparencia y la destituyó el viernes.
Los dos expedientes se erigen ahora en aviso para navegantes. No cabe hablar de dos casos de corrupción, aunque el nepotismo sea una aproximación a ella. Ni cabe concluir que la nueva administración autonómica, que acaba de cumplir un año, sea como el Tribunal de Cuentas del Reino, con decenas de hijos, primos y sobrinos en los despachos. Antes al contrario, es de justicia aplaudir la rapidez y la eficacia con la que Alcaraz y su equipo han recabado información, se han formado opinión y han propuesto sanción siendo él además juez y parte, de Compromís, como las dos expedientadas y los responsables que las nombraron en virtud del acuerdo de mestizaje.
El elevado listón de exigencia ética y estética y la celeridad con la que se han sustanciado las responsabilidades políticas de los dos casos estarán sobre la mesa de la oposición política y de la sociedad valenciana en cuantos asuntos similares se planteen en el futuro.
