11 de agosto de 2016
11.08.2016

El autobús de Sandra

11.08.2016 | 04:15

Días después de la marcha del Orgullo gay presenté dos denuncias en el juzgado de guardia. Una contra Sandra Gómez, concejala de Policía Local de Valencia por un presunto delito de malversación de caudales públicos del 432 del Código Penal (CP), por la utilización del autobús de la Policía en un acto privado. La otra, contra un individuo perfectamente identificado que fue completamente desnudo durante todo el trayecto, lo que supone un delito del 185 del CP por «exhibicionismo ante menores».

Ninguna de las dos tiene nada que ver con el derecho de los homosexuales a manifestarse por el centro de Valencia, ni tenían ninguna palabra en el texto que lo hiciera suponer. El día 2 de agosto, Gómez envió a España 2000 el mensaje, recogido en Levante-EMV, de que preparemos «la denuncia del 2017 ya que pase lo que pase estaremos en la marcha del Orgullo por segundo año». Todo ello después de ser conocedora que el juzgado número 8 había admitido a trámite la denuncia contra ella.

Se desncadenó entonces una serie de comentarios en el Facebook de Gómez, entre ella, el que suscribe y un número importante de personas, que derivó en las intenciones homófobas de España 2000 y de José Luis Roberto, a pesar de explicarle textualmente que no le había denunciado por estar en esa manifestación, sino por utilizar un vehículo policial para fines distintos a los que le corresponde y por decorar el autobús con vinilos, con un gasto cercano a los 1.000 euros; luego lo tendría que dejar como estaba a cargo de las arcas municipales. Una denuncia normal, de un ciudadano, contra un político que utiliza fondos públicos en actos privados, en una época de corrupción, se convirtió por arte de birlibirloque en un ataque contra mi persona como abanderado de la lucha contra la homosexualidad.

Aquí de lo que se trata no es de si me caen simpáticos o no los homosexuales, o si Gomez fue a la manifestación por ser simpatizante o lesbiana. Aquí de lo que se trata es de que con los fondos de todos se ha pagado el pegar y despegar los vinilos, la amortización del trayecto, la gasolina, el sueldo del conductor, y todo ello de una forma irregular por un representante público en un ejercicio aparentemente irregular de sus funciones como tal.

Anna I. López escribe en las páginas de Opinión de Levante-EMV un artículo referente a mi persona con el título Denuncias mediáticas, en el que llega a decir: «De los homosexuales, un colectivo este último, que según Roberto, no debería gozar de la misma protección jurídica, ni disfrutar de un derecho tan fundamental como el de expresión». ¿Dónde he dicho yo eso? Anna I. López tiene la mala costumbre de ir con ideas preconcebidas, y sin analizar los hechos tal como ocurren, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dogmatizar en lo que ya tenía pensado de antemano.

El día 8 de agosto, también en las columnas de Opinión de Levante-EMV, Agustín Zaragozá dice entre otras cosas refiriéndose a mi: «Siempre habrá visionarios dispuestos a erigirse nuestros tutores, los amigos de la sociedad abierta debemos combatirlos, neutralizarlos, así como denunciar su fealdad ética y estética». No soy un visionario, pero estaré siempre dispuesto a denunciar actuaciones como la de Gómez, o de cualquier otro, que contravengan el Código Penal, norma por la que nos regimos los ciudadanos normales y con más motivo cuando supone gasto del erario público con el vergonzoso criterio de creerse que es dinero propio.

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