13 de agosto de 2016
13.08.2016

¿Es viable nuestro sistema de pensiones?

13.08.2016 | 04:15

Pasadas las elecciones generales del 26 de junio, y a la espera de la formación de Gobierno, resulta conveniente comenzar a plantear alguno de nuestros problemas más urgentes y señalar vías de solución de los mismos.

Los aspectos positivos de nuestra economía son suficientemente conocidos. España tiene un Producto Interior Bruto de más de un billón de euros (en la actualidad alrededor de 1,3 billones), lo que la sitúa entre las 13 mayores potencias económicas del mundo, sigue creciendo a un ritmo estimable, las infraestructuras son excelentes, y algunos otros datos macroeconómicos son esperanzadores. La situación económica parece enderezarse y puede decirse que la crisis ha tocado fondo. Pero en ocasiones las apariencias pueden ser engañosas, pues países con PIB menores que el nuestro tienen economías más estimables o más sólidas que la nuestra (por ejemplo Suiza y Holanda, uno fuera y otro dentro de la Unión Europea), con mayor bienestar, menores desigualdades entre sus ciudadanos y con menores problemas estructurales.
De modo que aunque pueda parecer políticamente incorrecta debemos preguntarnos con la frialdad requerida, la viabilidad de nuestro sistema de pensiones. Y para ello, para que los árboles no nos impidan ver el bosque, se trata de relacionar algunas cifras, en contra de la práctica común de nunca ofrecer una panorámica general, sino tan solo afrontar aisladamente algunos de nuestros problemas con la finalidad de satisfacer a colectivos concretos, aunque resulte evidente que cuando se juntan las cifras, las cuentas no cuadran.

Si empezamos por las personas dadas de alta en la Seguridad Social constataremos que a finales del primer semestre de 2016 estaban afiliados a la SS alrededor de 17,3 millones de personas. Nuestra población censada es de poco más de 46,5 millones de habitantes y de ella los pensionistas superan los 9 millones (los que reciben prestaciones sociales son más de 13 millones) y los desempleados superan en los 4 millones, es decir alrededor del 20 % de la población activa (aunque los dados de alta como parados están en torno a 3,7 millones). Las proporciones entre población, número de pensionistas y cotizantes, lejos de ser óptima resulta muy preocupante para la sostenibilidad de las pensiones. Así, la relación entre cotizantes y pensionistas que se considera óptima por la mayoría de expertos y organizaciones internacionales, para que puedan garantizarse de modo sostenido las pensiones presentes y futuras, es de al menos 2,5 personas cotizantes por cada pensionista. Esto significaría que para garantizar el sistema de pensiones con las solas cotizaciones a la Seguridad Social la cifra de cotizantes tendría que aproximarse más a los 25 millones que a los 20 que prevé el Gobierno para 2020 si el ritmo de crecimiento de la economía sigue al ritmo actual. Cifra más que necesaria si se tiene en cuenta la creciente longevidad de los españoles, y la promesa de la mayoría de partidos políticos de que suban las pensiones.

El escaso número de cotizantes a la Seguridad Social, en relación con los pensionistas (y con la población), ha tenido como efecto negativo la reducción sensible de la llamada hucha de las pensiones que se ha vaciado más de la mitad en la última legislatura, estando en torno a los 25.000 millones de euros. De manera que si no se toman medidas urgentes, la combinación entre creciente incremento de pensionistas y lento crecimiento de los cotizantes (y de reducidas cotizaciones derivadas de empleos de baja calidad) permite augurar que la hucha seguirá disminuyendo, o sencillamente desaparecerá en no más de dos años. Es decir, con el ritmo actual, en 2018 ni las cotizaciones ni la hucha de las pensiones serán suficientes para pagar las pensiones.

Nada bueno indica que en 2015 la edad media de jubilación lejos de aumentar haya descendido a los 64 años, que nos aleja del objetivo comprometido con la Unión Europea de que la edad media de jubilación en 2020 se sitúe en los 67 años. Pero hay más datos negativos. La deuda pública es de más de un billón de euros, es decir, algo menos que nuestro PIB. La deuda pública sigue subiendo porque para pagar el Estado de bienestar, el Gobierno ha tenido que endeudarse, desde 2009 hasta la fecha, en más de 600.000 millones de euros. Por eso la UE presiona para que ajustemos nuestros ingresos a nuestros gastos, de manera que la deuda no siga creciendo sin control, aunque permite que siga haciéndolo a un ritmo menor. Es decir, el recurso al endeudamiento para pagar las pensiones futuras no parece que sea tampoco la solución del problema, sino un modo de seguir demorando su solución.

Aunque consiguiéramos reducir el déficit público a cero, seguiríamos debiendo la cifra antes indicada y seguiríamos teniendo que pagar, a los que nos prestaron dinero, los correspondientes intereses que suponen en torno a los 20.000 millones de euros al año. Si en un caso utópico quisiéramos devolver lo que debemos y los españoles, en un gesto patriótico, asumiéramos la deuda del Estado, que es nuestra deuda, nos tocaría por cabeza transferir al Estado algo más de 23.000 euros. Pero, además de la deuda pública, los españoles hemos contraído deudas privadas por un importe muy considerable, similar al de la deuda pública, aunque en este caso repartida desigualmente. En rápida conclusión, se obtiene la impresión de que los españoles, en general, pues hay muchos ciudadanos españoles que no tienen deudas privadas, vivimos de prestado en lo público y en lo privado.

Tenemos un grave problema todos, seamos o no pensionistas. La solución óptima exige que se incremente el número de cotizantes. Si se creara empleo de manera masiva y rápida, y nos acercáramos a la proporción antes señalada de 2,5 trabajadores cotizantes por cada pensionista, no sería necesario tomar otras medidas. Pero la propuesta más optimista de entre los partidos políticos prevé un crecimiento de 500.000 empleos al año, lo que nos lleva a los 20 millones de empleados cotizantes en 2020. De manera que ni siquiera en 2020 sería posible pagar las pensiones con las correspondientes cotizaciones sociales, pues la cifra de 20 millones no alcanzará, muy probablemente, en 2020 ni siquiera la proporción de 2 trabajadores cotizantes por cada pensionista.

Si se pretende, como debiera, seguir manteniendo un sistema público de pensiones, como prevé nuestra Constitución, deben adoptarse medidas sin demora. Sugerimos tres líneas de actuación, además de llevar a cabo una política económica que luche decididamente contra el desempleo: retomar el ritmo adecuado para cumplir el objetivo de jubilación media a los 67 años antes de 2020; mantener las actuales cotizaciones sociales, y en caso alguno bajarlas; y elevar la presión fiscal hasta la media de la Unión Europea, es decir, al menos un incremento de 2 o 3 puntos porcentuales, o bien crear un impuesto específico para compensar el déficit de la Seguridad Social.
Probablemente habrá que adoptar todas o la mayoría de las medidas anteriores y su realización (de esas u otras medidas) se enfrentará con grandes resistencias. Ese debe ser el arte de la política: detectar los problemas, afrontarlos y darles la solución adecuada.

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