Los pasos dados en la política española desde la celebración de las elecciones, hace casi dos meses, demuestran que las negociaciones para nombrar un gobierno, si así podemos llamarlas, no están siendo llevadas con la formalidad que el asunto requiere. El país se aproxima a una situación en que la ausencia de un presidente investido con la confianza del nuevo Congreso tendrá un coste contable y se notará en la vida de los españoles, si es que las consecuencias no se aprecian todavía, pero resulta evidente que la formación de un gobierno cuanto antes no es la primera prioridad de los partidos. Y, además, fortificados en sus diversas razones, ninguno de ellos se hace responsable del fiasco.

La coalición de izquierdas y los nacionalistas rechazan de plano cualquier trato con el Partido Popular y se han echado a un lado, a la espera de acontecimientos. La dirección del PSOE mantiene el secreto de la solución que en su día prometió aportar, de manera que queriendo por encima de todo infligir una derrota a Mariano Rajoy, lo que ha conseguido de hecho es desconcertar al propio partido, convirtiéndolo en un gran problema en sí mismo. Así que, por ahora, todo lo que los partidos ofrecen es el inicio de negociaciones entre el PP y Ciudadanos, pendiente de confirmación, y el plan de Podemos de una coalición encabezada por el PSOE, que no ha despertado ningún entusiasmo en los socios llamados a secundarla. No puede decirse que el trabajo de los partidos haya resultado muy eficaz, pues la segunda opción apenas tiene alguna posibilidad y la primera, aún culminando en un acuerdo, no dispone del apoyo parlamentario que necesita para prosperar.

Una vez que Ciudadanos aceptó a Rajoy y se mostró dispuesto a entablar conversaciones con el PP, parecía que todo se iba a acelerar hasta llegar a un acuerdo rápido, para luego buscar los votos con los que asegurar la investidura. Sin embargo, Ciudadanos convocó por sorpresa a la prensa para exigir al PP un compromiso integral con seis puntos, intocables según un portavoz del partido, antes de empezar a hablar. En realidad, los puntos son tan razonables como discutibles. Su enunciado es poco preciso y por tanto están abocados, en cualquier caso, a una negociación posterior. Por lo demás, uno de los puntos obliga al PP a renunciar a su propuesta de reforma electoral, claramente inspirada en el principio mayoritario. Mención aparte merece el referido a la limitación de mandatos, porque establece fecha límite a la permanencia de Rajoy en el cargo que ocupa, pero implica que Ciudadanos antepone este objetivo menor al de formar gobierno. Lo cierto es que la maniobra tuvo un gran impacto, hasta el punto de que Felipe González fue abducido por el gesto de Albert Rivera y la famosa lista fue la comidilla política de la semana.

Otra condición previa impuesta por Ciudadanos es la creación de una comisión parlamentaria que se encargue de examinar la financiación del PP. Lo que debe destacarse en relación con este punto, sin minusvalorar la importancia de la iniciativa, es que el PSOE presentara al día siguiente en el Congreso una petición con el mismo fin. La reacción del grupo socialista tiene sentido político en el desarrollo normal de una legislatura, pero en las circunstancias actuales interfiere de modo inoportuno en la formación del gobierno.

El PP se tomará su tiempo para responder a Ciudadanos. Es tan solo un incidente más de la pugna que los partidos mantienen por dominar el proceso político y atraerse a la opinión pública. El ciudadano que contribuye y vota, acreedor, es transformado en esa pugna en mero espectador de una representación en la que no se dirimen sus intereses. No es nada extraño que pueda sentirse ajeno a ella, aunque esto suponga su derrota definitiva.

Mientras no cambie la relación entre los partidos y los electores la política seguirá siendo la vieja política de siempre, con la diferencia de que ahora se hace a través de la televisión. La crisis y esta experiencia en la formación de gobierno están dejando políticamente exhausta a la sociedad española. Y el tiempo se agota. El PP no puede prorrogar indefinidamente la duda sobre la investidura y el PSOE tendrá que decidir, tal como apuntó Rajoy, entre Gobierno y elecciones, una eventualidad que el partido afrontaría con menos dramatismo que en mayo, visto que la amenaza electoral de Podemos se ha reducido. Es preciso recordar, no obstante, que el objetivo no es evitar unas nuevas elecciones, sino tener el gobierno que corresponde a este parlamento. Y, con tanta distracción, después de una interminable caminata de ocho meses nos vemos en la misma situación de la que partimos.