26 de agosto de 2016
26.08.2016

Las concesiones sanitarias y sus consecuencias

26.08.2016 | 04:15

En el segundo quinquenio de los años noventa llega al poder el Partido Popular en la Comunitat Valenciana y con él la privatización de la gestión de la sanidad pública. Desde entonces, Alzira, Manises, Dénia, Elche y Torrevieja cuentan con concesiones administrativas a distintas empresas privadas. La opinión más generalizada hacia la que apuntan los muchos estudios es que no aportan beneficios significativos sobre la gestión sanitaria pública, más allá de los intereses para sus accionistas.

Y lo que está sucediendo con Marina Salud en Dénia es una muestra más de lo que veníamos afirmando desde UGT sobre estos sistemas de gestión privada: su objetivo primordial es obtener beneficios. No es que ello constituya un delito, pero difícilmente se puede prestar un servicio como la asistencia sanitaria a la población, mejor que desde un sistema público, siempre que esté bien gestionado, y obtener beneficios para la empresa. A no ser que esos beneficios se obtengan ahorrando en las prestaciones o en las condiciones laborales de los trabajadores.
Pues bien, la empresa Marina Salud ha planteado una modificación sustancial de las condiciones de trabajo para los casi novecientos trabajadores que dependen de ella (no afecta a los más de trecientos trabadores dependientes de la consellería adscritos solo funcionalmente a Marina Salud). Pretende, en resumen, recortar la plantilla, reducir los salarios e incrementar la jornada laboral.

La argumentación para tal propósito es que Marina Salud dice tener pérdidas. Nos llama la atención que después de siete años de funcionamiento se esgrima este argumento, cuando la concesionaria era perfectamente conocedora de las condiciones que poco han variado, por lo menos las condiciones estipuladas en los pliegos. No sabemos si son pérdidas reales o menos beneficios para sus accionistas, pero el caso es que, al parecer, no responde a las expectativas de su primer objetivo: obtener beneficios. Y, como decíamos anteriormente, como empeorar más las prestaciones sería escandaloso, pues hay que echar mano dela segunda solución: apretar el cinturón a los trabajadores.
Si bien después de intensas negociaciones, los daños que van a sufrir los trabajadores de Marina Salud se han minimizado, no deja de ser llamativo que los posibles errores en las expectativas de estas empresas concesionarias, en un tema tan delicado como es la salud de la población, tengan que recaer, como casi siempre, sobre los mismos: sus trabajadores y trabajadoras. Desde UGT nos reafirmamos en el lema de que «con la salud no se negocia» para que los distintos partidos políticos tengan claro que no todo vale.

Por una sanidad pública universal y de calidad, donde nunca pueda tratarse como negocio económico sino social para toda la población.

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