06 de septiembre de 2016
06.09.2016

La paella de la reforma universitaria española

06.09.2016 | 04:15

El 1 de agosto pasado el diputado Antonio Roldán publicaba un artículo sobre las condiciones necesarias para el «buen gobierno» en España. Nos decía que para conseguir ese objetivo hacen falta instituciones transparentes, ecuánimes y con reglas predecibles para todos y que dichas instituciones sólo pueden alcanzarse cambiando los incentivos del sistema. Sin embargo, el quid de la cuestión se encuentra en cómo cambiar dichos incentivos. A mi entender, de forma acertada, el autor comparaba la construcción del buen gobierno con la condimentación de una buena paella: «requiere una combinación de ingredientes que, aplicados en su justa medida, refuercen conjuntamente sus cualidades positivas. No sirven las medidas aisladas. Es necesaria una reforma institucional integral para salir del mal equilibrio». En efecto, como valenciano, no podría estar más de acuerdo: una combinación adecuada de ingredientes a lo largo del tiempo es la clave para un buen arroz; sin embargo, si las proporciones no son las justas, o el timing no es el adecuado, el resultado puede ser un arroz pasado o, peor aún, ´quemado´. Este efecto también puede darse en las instituciones.

Actualmente son muchas las voces que claman ante el mal estado de la Universidad española, indicando la necesidad de llevar a cabo reformas que le permitan desplazarse hacia situaciones de equilibrio más virtuoso. Uno de los principales problemas que se ha señalado como causante del declive de la Universidad española es su mecanismo de selección y promoción del profesorado. El hecho de que la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (Aneca) esté ultimando durante estas fechas los nuevos criterios de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios ha abierto de nuevo el debate sobre cómo deben diseñarse y su grado de exigencia. Durante el proceso de confección de estos criterios me han consultado, como a muchos otros académicos y, más recientemente, algunos compañeros directamente involucrados en la confección de los baremos para el campo de Economía me han sugerido que diera mi opinión por escrito. Este es el motivo de estas líneas. Mi primera reflexión es que la degradación experimentada en los criterios de evaluación aplicados por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) desde su integración en la Aneca me hace ser bastante pesimista al respecto.

La CNEAI es un claro ejemplo de buena práctica que ha contribuido notablemente a mejorar la Universidad española. La CNEAI se creó en 1989 (RD 1086/1989) por un equipo en estado de gracia, el del ministro Javier Solana, como un instrumento derivado de la LRU de 1983 y de la Ley de la Ciencia de 1985 con el único objetivo de efectuar la evaluación de calidad para aplicar el complemento de productividad investigadora. Sin embargo, el impacto producido por la CNEAI en la comunidad científica española ha trascendido su objetivo formal; las sucesivas normas que fueron precisando los criterios y procedimientos de evaluación así como el proceder de los comités de evaluación han actuado como directrices de referencia, por lo que la CNEAI ha tenido una gran influencia en el incremento en calidad y cantidad de la investigación que se realiza actualmente en España. Seguramente, la clave de su éxito fue establecer un sistema sencillo, barato, eficiente y flexible para la evaluación de la investigación que consiguió de forma progresiva un consenso en la comunidad académica. Sin embargo, este proceso nunca estuvo exento de peligros, especialmente en el caso de las ciencias blandas, como la Economía, con menor tradición científica en España y, por tanto, con procedimientos menos estandarizados internacionalmente, apareciendo de forma periódica grupos de presión que intentaban (y siguen intentando con éxito creciente) mantener sus intereses particulares con la menor rendición de cuentas posibles a la sociedad.

Lamentablemente, en mi opinión, la Aneca más que ser una solución al problema, ha constituido un motor para la degradación del sistema universitario en los últimos años por un mal diseño de sus programas de evaluación (no sólo el de acreditación del profesorado) desde el mismo comienzo de su funcionamiento, contribuyendo notablemente a la burocratización de la Universidad, diseñando un sistema complejo, caro y absurdo que insiste más en el control de calidad de los medios utilizados que en el éxito de los objetivos del sistema universitario: la calidad docente, investigadora y, hasta cierto punto, la empleabilidad y la transferencia de conocimiento que deberían derivarse de las dos anteriores.
En el caso del programa para la acreditación de profesores a los diferentes cuerpos universitarios, la laxitud con la que ha actuado la Aneca ha ido generando una bolsa de profesores acreditados que ya se cuenta por miles y que actúa como un nuevo grupo de presión en el sistema. Hay que señalar que desde 2007 se sustituyó el sistema de oposiciones para puestos de profesor funcionario por un sistema de acreditación en el que una comisión juzgadora no compuesta por especialistas del área sino por representantes de áreas más amplias (nada que ver con las comisiones de la CNEAI), designada por el Ministerio de Educación (no por sorteo), recibe un listado de los méritos de los candidatos, los valora según un baremo cuantitativo y, en su caso, acredita a los profesores para poder presentarse a concursos y oposiciones. Sin embargo, el verdadero problema viene después, pues una vez obtenida la acreditación, se ha generalizado la creencia interesada de que ésta genera un derecho individual a la promoción automática y son las propias universidades las que convocan las plazas (especialmente en periodos próximos a elecciones) a través de concursos públicos donde, en la práctica, en muchos casos, son los candidatos los que designan a los miembros de los comités que van a valorarles, sancionando la arraigada endogamia de la Universidad española. Las plazas se convocan en función de los candidatos acreditados y no por la necesidades existentes en cada Departamento. Esto lleva a absurdos organizativos. Es como si una entidad bancaria tuviera que abrir tantas oficinas como personas capacitadas para ser director de sucursal o, por el contrario, que todos los empleados de una oficina fuesen directores y no hubiese ni administrativos ni interventores. Creo que cualquier persona convendrá conmigo en que este sistema de organización tiende a ser poco eficiente y muy caro para el contribuyente. Al final, la única restricción que existe es la presupuestaria. Es por eso que en algunas universidades se han establecido algunas ratios, más o menos arbitrarias, entre distintas categorías profesionales, pero esto es la excepción más que la regla y por motivos equivocados.

Como todo es susceptible de empeorar, el Ministerio de Educación, tal vez de forma bienintencionada, con la idea de fomentar la movilidad, aprobó un RD hace ahora un año, por el que se establecen plazas de ´turno libre´ (en teoría, abiertas a la competencia) y ´plazas de promoción interna´ a las que no se pueden presentar desde otras universidades y, por tanto, cerradas a la competencia (ya no sólo de facto, sino también de iure). Se supone que la mitad de las plazas debían adoptar una u otra naturaleza. De nuevo, en la práctica, las universidades han reservado las plazas de "turno libre" para titularidades (donde la competencia es menor), concentrando la práctica totalidad de las nuevas cátedras de universidad en las plazas de promoción interna, a las que sólo puede presentarse el candidato de la casa o, a lo sumo, un compañero de su propio departamento, pero no de otras universidades. Todo ello, ahora, de forma legal. Este es un claro ejemplo de que cuando nos movemos entre dos equilibrios que son subóptimos, hay que ir con mucho tiento para no empeorar la situación inicial. Bien por incompetencia o mala fe, esta reforma promovida por el equipo del nuevo ministro de educación está consiguiendo los efectos contrarios a los anunciados.
En la práctica, es la Aneca la que con su acreditación designa a los nuevos funcionarios quienes creen que generan un derecho individual. Ante esta situación, es lógico que sea muy importante que los nuevos criterios que marque la ANECA para la acreditación a cuerpos universitarios sean rigurosos y supongan un avance respecto a los aplicados hasta ahora. Sin embargo, en mi opinión, tanto o más importante que los criterios de acreditación, son las condiciones para la configuración de los comités evaluadores. Los criterios pueden ser relativamente generales, pero son los comités de expertos de cada área los que deberían ir actualizándolos en el tiempo según el grado de desarrollo de las diferentes disciplinas y aplicando un siempre necesario grado de discrecionalidad técnica. En otro caso, podemos entrar en disquisiciones bizantinas sin fin y, en muchos casos, sin principio que las sustente más allá de los intereses partidistas. Junto a esto, debería quedar claro que para entrar en un cuerpo de la administración del Estado, no basta un concurso ´local´. Esto podría ser suficiente, tal vez, para un contrato de empleo público en un organismo autónomo local pero no para convertirse en funcionario y menos del Estado. Seguramente esto podría solucionarse estableciendo una diferencia entre ambos tipos de puestos que, por otra parte, deberían tener funciones y capacidades académicas distintas.

Se deberían establecer los incentivos necesarios para ello y transitar hacia un sistema como el alemán o el holandés. Por último, me gustaría dejar claro que la Universidad española funciona de forma muy razonable para cómo está organizada. Seguramente es por la calidad humana e intelectual de la personas que se sienten atraídas a desarrollar su vida profesional en ella, pues en la mayoría de los casos es una actividad claramente vocacional. También creo que, en un entorno más competitivo, una buena parte de los profesores habría podido desarrollar una carrera profesional similar. Sin embargo, dada la perversión del sistema, nunca lo sabrán.

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