Los políticos pasan y los empresarios permanecen. Nuestros representantes empresariales andan confundidos. Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana ha entrado al trapo. Primero con Joan Baldoví, portavoz de Compromís en la Carrera de San Jerónimo. Después hacia la vicepresidenta del Govern Valencià, Mònica Oltra hasta llegar al president, Ximo Puig. Una actuación extemporánea, impropia e inútil. En sintonía con la propuesta de la presidenta de PPCV, Isabel Bonig, de cambiar respaldos políticos espurios por derechos y dignidad en inversiones y en la financiación autonómica debidas.

Parecía que por fin estaba claro. Los políticos hacían su faena. Los empresarios la suya y cada cual desde su esquina, contribuía al progreso de la sociedad. Eso sí, desde la independencia estricta. La causa de la libertad no es fácil de ejercer. Si algo es consubstancial con el mundo empresarial es la autonomía de acción y decisión. Martín Domínguez Barberá, maestro de periodistas, faro de políticos y líder de empresarios dijo que hay una ley inalterable de la naturaleza por la que el peral no puede dejar de ser peral. Aunque parezca una obviedad no lo es. Alterar los principios de la biología tiene un precio. A veces origina lo que los agricultores valencianos llaman «rebordoniment». Y de ahí a la decadencia del árbol y de las organizaciones. En la sociedad ocurre lo mismo con sus principales agentes.

Los acontecimientos no siempre fueron así. Hubo varias hornadas de dirigentes empresariales „Simó Nogués, Enrique Silla, Vicente Iborra, Ramón Cerdá, Federico Lis, Francisco Domingo, Luís Suñer, Vicent Montaner, Enrique Martínez Mortes„ que, sin ser beligerantes con el poder político, mantuvieron su independencia y los criterios que nunca supeditaron a una ideología o a un partido. Entre 1995 y 1996 se urdió una operación antiempresarial dirigida a supeditar el poder económico a las conveniencias de un solo partido político. Y ese error todavía tiene sus secuelas: gente mediocre, incapaz de levantar el vuelo de las entidades empresariales y las instituciones donde se primaron las fidelidades sobre la magnitud de los principios y el valor de llamar a las cosas por su nombre.

Si el flanco empresarial quiere actuar en la arena política lo tiene fácil. Propicia y promociona una o varias formaciones políticas o se vincula a la que se le antoja más afín. La operación requiere compromiso, inteligencia y coste económico. Esa trayectoria, que tuvo sus trasgresores, se contaminó de forma deliberada desde el acceso al poder del Partido Popular en la Generalitat Valenciana con Eduardo Zaplana en noviembre de 1995. El maquinador fue Luís Espinosa, secretario obligado a dimitir en la CEV . Luego recompensado con la dirección del Consejo de Cámaras de Comercio„su bestia parda-- de la CV y con la secretaría general de Cooperación Internacional, del ministerio de Asuntos Exteriores.

Los valencianos nos enfrentamos a una delicada singladura europea y española que nos afecta y condiciona. De ahí a vender dignidad ciudadana y política a cambio de cuatro inversiones y de la financiar adecuadamente la Comunitat Valenciana, media la gallardía y la experiencia de quien sabe cuál es el papel que le corresponde como líder. Los conflictos que se dirimen en la política española perjudican de forma especial a los valencianos. Nos cuesta y nos duele más porque no tenemos quien defienda los intereses valencianos con valentía y eficacia sin pasar por las madrigueras de Madrid.

Los empresarios harían bien en propiciar uno o varios partidos de obediencia valenciana. Falta hace. Algún francotirador podría aventurar que para eso tienen al PP en cuya trayectoria se han identificado con lamentables resultados para los intereses domésticos. El expresidente Eduado Zaplana quería ser ministro del Gobierno español. Para conseguirlo utilizó el trampolín de la Generalitat Valenciana hasta que su ambición le llevó a fracasar. José Luís Olivas, además de político despótico, se concentró en mangonear Bancaixa en su beneficio hasta que con Caja Madrid, se convirtió en el mayor problema de España: Bankia y los 22.424 millones de euros, más 5.498 del Banco de Valencia que pagamos todos. Francisco Camps, se creyó alguien cuando tan solo fue una marioneta de la desacreditada Rita Barberá y Alberto Fabra, era un peón de Mariano Rajoy para tratar de sanear el avispero en que se había convertido el Partido Popular en la Comunitat Valenciana.

En el resto de autonomías que influyen en España, se comprueba que todas disponen de formaciones políticas autóctonas para proteger sus patrimonios. Los valencianos contamos escasamente con cuatro diputados de Compromís, en el grupo mixto del Congreso, junto con los representantes valencianos en PP y PSOE, que se someten a la disciplina que rige en sus respectivos partidos estatales. Los valencianos comprueban su debilidad porque carecen de las organizaciones, entidades, instituciones y formaciones políticas que salvaguarden sus derechos. Un desafío pendiente de resolver.