A pesar de que el nombre de Rita Barberá y la supuesta financiación irregular del PP ha podido eclipsar el primer debate de Política General al que se enfrentaba el actual Consell, no cabe duda de que hay vida después de los sonoros casos de corrupción que afectan a PP y PSOE, y por lo tanto, no sería bueno dejar de plantearnos una serie de reflexiones sobre la vigencia y cumplimiento del acuerdo del Botánico, como ha denunciado Bonig, Alexis Marí e incluso el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, que señalaba con acierto que el rendimiento del Consell había sido insuficiente y por debajo de las demandas ciudadanas.
Como sabemos, las grades cifras son absolutamente manejables y se acomodan con facilidad al discurso que quien las utiliza. Hablar de éxito en las macrocifras, es dejar en el olvido a miles de ciudadanos, empresas y colectivos que siguen pasándolo mal. De ese modo, parece que empieza a no ser admisible la actitud del presidente Puig, que continúa excusándose en la infrafinanciación o en meras políticas paliativas, como el programa Avalem, cuando verdaderamente la sociedad estaba esperando una respuesta contundente y decidida a los recortes del anterior gobierno.
Hemos visto en los últimos meses como desde diferentes ámbitos se denunciaba el paralelismo en la dinámica de incumplimientos seguida por la Generalitat. El estancamiento de las reclamaciones en dependencia, el retraso en el pago de las ayudas a los centros de enfermos mentales tutelados, los impagos a las empresas proveedoras de tecnología sanitaria de la Consellería de Sanidad o la denegación de las ayudas a los emprendedores por agotamiento del crédito, algo que recientemente también ha pasado con las ayudas de 2015 que deberían haber recibido los centros especiales de empleo de personas con discapacidad, por desgracia nos recuerdan mucho tiempos pasados. Parece que bajo ese argumento legal de agotamiento del crédito se pretende ahora dulcificarse lo que antes llamábamos recortes sociales, volviendo a la perversa dinámica donde los administrados somos responsables por solicitar una serie de ayudas, amparados por una legislación, que ahora sólo nos produce inseguridad jurídica.
Si antes había recortes, ahora se agota el crédito, pero el resultado es el mismo. Nadie pone en duda que los recursos son limitados, pero existen determinadas áreas que forman parte de esos cambios estructurales que algunos propugnamos. Así, no parece razonable que se les resten derechos a los emprendedores o a quienes generan empleo para la discapacidad, más aún cuando se les han generado esas expectativas, puesto que al final son un motor imprescindible para la recuperación económica y social.
