Los ciudadanos hemos podido asistir al primer debate del Estado de la Comunitat en esta legislatura. Un debate donde se han podido evaluar diferentes aspectos del ecosistema de la actual arquitectura de Poder en la Generalitat, y en especial, de la acción de Gobierno del Consell.
Si nos paramos a analizar la salud de la que goza el acuerdo que hizo posible el cambio político en la Comunitat, rubricado por PSPV y Compromís, en calidad de Gobernantes, y de Podemos en calidad de centinela de su cumplimiento, las fricciones que se derivan del mismo en este debate apuntan directamente al incumplimiento de uno de los compromisos que más polémica y reproches generó en el debate entre Consell y Podemos: la puesta en marcha de la Agencia Anticorrupción, bloqueada vía diluvio de enmiendas. Enmiendas que en este caso vuelven a poner de acuerdo a PSPV, Compromís, con Ciudadanos y el PP, como ya lo hicieran degenerando el espíritu de la reforma del Estatuto de Expresidentes. Se trata de la segunda medida de calado comprometida por Podemos que se torpedea sistemáticamente por parte del resto de grupos para que nada cambie en lo sustancial.
El Consell que dirigen Ximo Puig y Mónica Oltra ha dado síntomas desde primera hora (por razones de diferente naturaleza) de no sentirse cómodos con la puesta en marcha de un instrumento que no puedan controlar desde el Consell. No sabemos si debido al temor a que la Consellería de Transparencia dirigida por Alcaraz pierda protagonismo y reste visibilidad al papel fiscalizador de la lucha contra el fraude que la formación de Oltra siempre ha capitalizado, o bien por los temores a que una entidad independiente termine con la tendencia favorable al Consell de casos de corrupción sólo perjudiciales para el PP valenciano, ahora que diferentes cargos del PSPV comienzan a ser imputados en piezas de casos como el de Imelsa.
El caso es que las explicaciones da das por Puig a la acusación del Síndic de Podemos, Antonio Montiel, de faltar el respeto a su socio por el bloqueo de la Agencia no dejan de ser cuanto menos ambiguas. Cuando el President de la Generalitat afirma como respuesta que «el Consell no tiene interés en que la Agencia Antifraude esté bajo su control, sino tan sólo en que permita que cosas que han pasado no vuelvan a pasar» nadie termina de entender a qué se refiere.
Por lo menos parece que desde el Consell se comienza a entender que una agencia de esta naturaleza no tiene razón de ser si no se trata de un ente independiente que sea ajeno al control de los gobiernos y (lo que es incluso más peligroso) de los aparatos de los partidos.
Las fuerzas del Botánico deberán hacer un ejercicio de coherencia política entre lo dicho en campaña y lo ejecutado en favor de la lucha contra el fraude y la corrupción. La Agencia Antifraude puede ser una «prueba del algodón» para aclarar muchas posturas, y para que se abran todos los cajones, que falta hace.
