Analizar las políticas de inmigración del gobierno municipal de Valencia es evocar la saga de Harry Potter, donde el Ayuntamiento se transforma en el colegio Hogwarts y un iniciado en política, encarnado por el concejal de cooperación al desarrollo y migración, sustenta la varita mágica.

Lo cierto es que las afirmaciones a los medios del concejal contradicen sus acciones. Roberto Jaramillo, acompañado por el alcalde Joan Ribó y por otros cargos, se ha plantado dos veces ante el Centro de Internamiento de Extranjeros „dependiente de la Administración central„ solicitando su cierre inmediato. Si tenemos en cuenta que la otra gran actuación al frente de su departamento ha sido cerrar el único centro de acogida municipal para personas inmigrantes que había en la ciudad „¿será porque lo dirigía una parroquia?„ parece poco bagaje. Eso sí, se evitó la posible repercusión mediática del cierre. Cosa de magia.

Este ayuntamiento del cambio, que declaró Valencia como «ciudad refugio» hace ahora un año, no ha hecho nada destacable en el ámbito de la inmigración, cuando según datos del propio gobierno municipal, una de cada dos personas que vive en la calle ha nacido fuera de España. Pero es que, en estos momentos, la acogida al inmigrante se está realizando en los albergues que fueron diseñados para atender procesos de exclusión graves, mezclando así situaciones sociales dispares y creando un debate técnico que hasta ahora no existía, ya que una situación de marginalidad crónica poco tiene que ver con la de aquellas personas que están reclamando papeles para su regularización.

En políticas de inmigración hay que hacer mucho más que declaraciones rimbombantes o colocar pancartas solidarias en el balcón municipal. Pero lo que hoy nos encontramos es una sequía de iniciativas para las personas necesitadas mientras el concejal responsable, de València En Comú, intenta crear una nueva súper estructura municipal duplicando directivos. Jaramillo debería explicar estos nuevos conceptos de responsabilidad pública, sobre todo porque la atención directa a las personas ha sido delegada en buena parte a técnicos de una entidad ajena al consistorio, provocando con ello las reticencias de la Inspección de Trabajo.

La política municipal no necesita de magos, sino de políticos que no defrauden las expectativas que crearon. Es lamentable que quienes prometieron acabar con los cargos de confianza y centrar su actuación en las personas necesitadas hayan acabado haciendo exactamente lo contrario de lo que prometieron, incluyendo el espectáculo por el control de las asesorías. En materia de inmigración y, en general, en cuestión de políticas sociales, no existen las varitas mágicas.