03 de noviembre de 2016

Los poderes del rey en la investidura

03.11.2016 | 04:15
Los poderes del rey en la investidura

Nunca a lo largo de la democracia habíamos visto al rey recibir tantas veces (con las del 24-25 de octubre fueron cinco) a los representantes de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. En apariencia, solo en apariencia, de acuerdo con las manifestaciones de los líderes de los partidos políticos, el rey tiene un poder autónomo, el de proponer libremente un candidato a la investidura como presidente del Gobierno. La escenificación es bien conocida de tantas veces repetida en los últimos meses. El Presidente del Congreso, a la llamada del rey, le comunica la relación de grupos parlamentarios (y de partidos del Grupo Mixto), así como los líderes de los mismos a los que hay que llamar a consultas. El rey, tras las mismas, propone o no un candidato a la investidura, lo que le comunica al presidente del Congreso quien, de acuerdo o sin acuerdo con el candidato, fija la fecha para el pleno de investidura del que resultará o no investido el presidente del Gobierno. Parece como si el presidente del Congreso fuera, simplemente, un recadero del rey. Pero no es así: es quien refrenda este tipo de actos del rey, es decir, el responsable de los mismos, porque conviene recordar que el rey no tiene poderes propios, todos sus actos tienen que ser refrendados para ser válidos (así se expresan taxativamente los artículos 56.3 y 64 de la Constitución).
Es necesario volver sobre la interpretación del artículo 99 de la Constitución para entender el papel del rey, del presidente del Congreso y del candidato a la investidura. Pero, no se asuste el lector, el razonamiento que sigue no necesita conocimientos jurídicos, sino tan solo un elemental sentido común.

El trámite de investidura tiene como única finalidad la de confirmar cuál de los líderes (de los que se entrevistan con el rey u otro que le sea indicado por los consultados) cuenta con 176 votos parlamentarios o más, o cuenta con un número de votos parlamentarios menor de 176 votos parlamentarios, pero tiene garantizado un número de abstenciones que hagan que los votos a favor sean más que los votos en contra en la primera o en la segunda votación (como ha sido el caso de la votación del 29 de octubre de 2016). Y hasta que no concurra esta circunstancia, el rey no debe proponer a ningún candidato. Su función no es la de encargar a un líder que haga gestiones para ver si consigue obtener los votos necesarios para ser investido. No puede jugar a los dados, no puede proponer a un candidato que no tiene garantizada la investidura; dicho en lenguaje vulgar, no puede decir algo así como: ¡vamos a ver si fulano consigue los apoyos necesarios! Y si lo hiciera, el presidente del Congreso debería negar el refrendo del acto del rey, con lo que carecería de validez y en consecuencia de eficacia. De acuerdo con nuestra Constitución, ningún acto del rey puede ser válido y eficaz sin el refrendo del presidente del Congreso, del presidente del Gobierno o de un ministro.

Si se considerara que el rey puede designar a quien le parezca oportuno, sin tener en cuenta la voluntad expresada por los españoles en las urnas, verificada como resultado de las consultas que realice con líderes de los partidos políticos parlamentarios, y corroborada por el presidente del Congreso, el rey se estaría extralimitando gravemente de sus funciones, reconvirtiendo nuestra democracia parlamentaria en una democracia tutelada que daría un paso atrás, otorgando al rey competencias al margen de la estricta neutralidad política a la que está obligado. Dejaría al margen su función simbólica para convertirse en un actor político decisivo, con competencia para tomar libremente la decisión de proponer o no a un candidato a la presidencia del Gobierno. Esta extralimitación podría ser impedida por el presidente del Congreso no refrendando su decisión.

El rey se equivocó cuando ofreció a Rajoy tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 que se presentara a una investidura que el candidato, el rey y el presidente del Congreso sabían que habría sido fallida. Los reproches a Rajoy por no aceptar dicho encargo no están justificados. E igualmente se volvió a equivocar el rey al proponer a Sánchez para la investidura, y éste se equivocó al aceptar la propuesta porque de la ronda de conversaciones se deducía con claridad que no contaba con los apoyos necesarios para ser investido. Y de nuevo, tras el 26 de junio de 2016, se volvió a equivocar el rey proponiendo para la investidura a Rajoy, y éste por aceptarla, porque no contaba con los apoyos necesarios para que su investidura saliera adelante.

Y también se equivocaron los líderes que exigieron que Rajoy se presentara a la investidura sin contar con los apoyos necesarios, con el único objeto de darse el gusto de verificar una investidura fallida. Pues ir a una investidura a sabiendas de que va a ser fallida es impropio de políticos con la madurez que requiere gobernar, pues además puede conducir a unas nuevas elecciones generales.

Los días 24 y 25 de octubre, tras la ronda de conversaciones, el rey sí estaba en disposición de proponer como candidato a Rajoy, ya que era público y notorio que tenía los apoyos suficientes para ser investido, tras el compromiso del PSOE de abstención en segunda votación. Si se hubiera producido otra investidura fallida habría concurrido una gran irresponsabilidad del rey, de la presidenta del Congreso y del que la hubiera aceptado, a sabiendas de que iba a ser fallida.

Habrá quien se pregunte, después de leer hasta aquí, como puede evitarse, sin vulnerar el artículo 99 de la Constitución, la celebración de sucesivas elecciones, en circunstancias como las que hemos vivido. Pues bien, entre otras soluciones, la más sencilla es que habida cuenta de que la Constitución no pone límite temporal a la propuesta de un candidato a la investidura por el rey, para que el reloj no se ponga en marcha, y no se convoquen elecciones tras sucesivas investiduras fallidas, basta con que no se proponga candidato hasta que un líder cuente con los apoyos suficientes. Y, en el caso de que durante el procedimiento de investidura se frustrara, debido al incumplimiento de un compromiso previo de apoyo, no debería ir el candidato a la investidura sino, simplemente, renunciar al encargo, pues el derecho que confiere el encargo de investidura es renunciable y evita la puesta en marcha del reloj de las elecciones generales.

La repetición de elecciones supone el desprecio de los partidos políticos parlamentarios a los ciudadanos, por lo que debe considerarse inadmisible e incomprensible. Y por eso, debe descartarse como una interpretación acorde a la Constitución esa suerte de comedia que hemos contemplado durante diez meses, consistente en encargar y aceptar investiduras imposibles a priori, puestas en marcha del reloj y sucesivas elecciones. En nuestro sistema parlamentario, el rey no tiene poderes propios. Y la propuesta de investidura, pese a la interpretación que hemos conocido hasta la fecha, es también un acto que necesita ser refrendado por el presidente de las Cortes, de manera que los errores del rey lo son también de los presidentes del Congreso que se han olvidado de sus responsabilidades constitucionales.

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