06 de noviembre de 2016

El Jurídic se encrespa

06.11.2016 | 04:15
El Jurídic se encrespa

El Consell Jurídic Consultiu ha dejado de ser cómodo para el gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra. El detonador: un dictamen sobre transexualidad. El conflicto planteado tiene trasfondo político en varias direcciones. Ya lo tuvo durante el mandato de Alberto Fabra, enviado por Mariano Rajoy para remediar los desmanes del PPCV. Gürtel, Brugal, la visita del papa Benedicto XVI, o el caso de los trajes anunciaban escándalos flagrantes. En el Consell Jurídic se enfrentaron la facción regeneradora del partido, con Fabra al frente y el reducto cristiano-campsista que se encastilló en el Jurídic, como cámara previa donde se emitían dictámenes sobre las principales leyes y acciones de gobierno. Durante el año transición, desde la hegemonía del PP al gobierno del cambio, se ha perdido la oportunidad „por sintonía entre PSOE y PP„ de limitar los privilegios de los expresidentes de la Generalitat. Su reconducción habría evitado prerrogativas que rozan el esperpento y la provocación en tiempos de penuria. Estamos frente a la reacción derivada del pulso ganado por Mariano Rajoy en la gobernabilidad de España. Sin descartar las desavenencias internas por bicefalia en el Consell, entre Puig y Oltra, la líder de Compromís es objetivo de la derecha valenciana.

Estaban avisados. Decían sentirse cómodos con las fundaciones, corporaciones, organismos o consejos que se les escapan de las manos. Entidades que son competencia de la Generalitat y que se financian con fondos públicos. Hay organismos que, a pesar del cambio político de 2015, han gozado de inmunidad. En sus cúpulas se han mantenido los mismos personajes que nombró o promovió el PP después de veinte años de ejercicio omnímodo del poder. Nada que ver con la purga ideológica que llevó a cabo el PP en 1995 con el advenimiento de Eduardo Zaplana. Borrón, cuenta nueva y todos al paredón.

En el Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana, organismo de difícil justificación, podrían actuar como consejeros, además de Francisco Camps, expresidente «no culpable» por los trajes, que está; José Luis Olivas „asiduo en los banquillos de los juzgados„o Eduardo Zaplana „míster Terra Mítica„ en su calidad de past-presidents. Tienen el privilegio automático de formar parte y cobrar del consejo por el que pasan muchas leyes y numerosos casos susceptibles de ser dictaminados con rédito político. A esta nómina de candidatos al Consell Jurídic podría añadirse Joan Lerma, si dejara su puesto de senador. Lerma, Zaplana y Olivas suspendieron el ejercicio de este derecho y pueden incorporarse en cualquier momento al Jurídic durante quince años. ¿No son muchos? Los mismos que podrá estar Camps. Si optaran los teóricos postores, coparían los puestos en el consejo. Apenas quedaría alguna plaza libre para experto jurista alguno y el Consell Jurídic Consultiu pasaría a la categoría de entidad de composición política merecedora de mofa, befa, chirigota y chufla.

El Consell de Vicente Garrido, su sucesor Díez Cuquerella y Francisco Camps se ha soliviantado y ha plantado cara a la Generalitat. Es un ejercicio de desfachatez frente a la primera institución de la Comunitat Valenciana, de la que depende y que debería empezar por fiscalizar las cuentas de este ente estatutario, tal como era preceptivo „aunque no se hacía„ y lo deberá ser en adelante. La Sindicatura de Comptes se tendrá que poner a la faena.

La polémica ha surgido en torno a estos consejos en otras administraciones autonómicas. En la de Madrid, gobernada por el PP, donde se consideró que se trataba de un órgano caro por duplicado e innecesario, se ha integrado en los servicios de la Abogacía General de la Comunidad, como es lógico en época de austeridad. En el País Vasco, con autonomía reforzada y gestión absoluta de sus tributos, no ha existido nunca consejo jurídico consultivo alguno y esta labor la desempeñan los servicios de supervisión legal que dependen de la Lehendakaritza. El Consell Jurídic Consultiu tiene un presupuesto anual de 2,4 millones de euros, de los que se despistan unos 100.000, que pasan de la partida de personal „por provisión injustificada„ a la de gastos de funcionamiento, cuyo destino es la libre disposición por parte de los gestores. Habría que explicar que la candidata socialista a la presidencia del Jurídic, Margarita Soler, profesora de Derecho Constitucional sustituta de Joan Ignasi Pla, votaba casi todos los dictámenes en coincidencia con los consejeros designados por el PP „Díez Cuquerella, Fliquete, Garrido y Camps„ en discrepancia con los votos particulares de Federico Fernández, exsecretario cesado del consejo y de la jueza Marisa Mediavilla. Estos dos, designados por Alberto Fabra, quedaban habitualmente en minoría, para afrenta del expresidente de la Generalitat, el único que ha renunciado al derecho a incorporarse al Consell Jurídic. Aplausos. El Jurídic se incomoda, los ciudadanos se estremecen.

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