08 de noviembre de 2016

Opacidad y ley de transparencia

08.11.2016 | 04:15
Opacidad y ley de transparencia

En su día recibí un encargo de la acreditada revista Texturas: debía estudiar la edición de titularidad pública en la Comunidad Valenciana. El desencadenante de este encargo vino dado por la portada de Levante-EMV del 31 de diciembre de 2015: «Se dejan abandonados en una nave de Ribarroja la cifra de 375.000 ejemplares»editados con cargo al presupuesto público. ¡Así de fuerte!

Acepto el encargo pues entiendo que la edición pública debe ser un pilar de la política cultural autonómica y por esta vía camina hacia su desaparición. La pregunta inicial estaba clara: ¿qué estrategia me permitiría obtener datos básicos? Toda mi confianza quedó fijada en la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana. Su lectura me llevó a un momento de optimismo, pues estamos ante una ley que vincula y acentúa que el ciudadano solo puede participar de la vida pública si el gobierno hace suya la política de transparencia; asimismo, asume que no habrá buen gobierno si no hay transparencia, esto es, si el ciudadano no puede mirar de cerca su administración. De nuevo la vieja metáfora de la luz gana un aspecto clave de nuestra vida y se carga de contenido ético y político: la transparencia es necesaria para un buen gobierno y para el logro de instituciones eficaces.

Así pues, provisto de tal instrumento, solicité a la dirección de los principales centros de las ediciones oficiales la respuesta a cinco preguntas muy concretas y que se interesaban por las ventas habidas, las personas empleadas a fecha del 30 de diciembre, el importe de los derechos de autor correspondientes al año, el total de la masa salarial y de Seguridad Social de los empleados y el total de los contratos suscritos con terceros para llevar adelante las ediciones. Todo ello referido al año 2015. ¿Qué resultado he obtenido? Solo algunos centros han reconocido la legalidad de mis preguntas y han respondido en plazo y con claridad meridiana; este es el caso del IVAM, Servicio de Publicaciones de la Generalitat, Instituto Gil Albert y los vicerrectorados de economía de la Universitat de València, de la Universidad de Alicante y de la UJI; solo estas entidades dieron respuesta puntual y clara. Otros significados centros de edición (universitarios, provinciales o locales) que reciben cada año su presupuesto del gobierno de la Generalitat, bien han dejado una o dos preguntas sin responder, bien me han dado el esquinazo y me han remitido a unos presupuestos que hacen imposible el análisis que deseamos llevar a término o bien han dado la callada por respuesta.
Lo que deseo destacar, además de esta desigual e ilegal respuesta, es que, pasados los treinta días otorgados por la ley a la Administración para responder y siguiendo lo prescrito en la ley de Transparencia, recurrí ante el Consejo de la Transparencia que dispone de 90 días para dar respuesta. Pasados los 90 y los 150 días no he obtenido ni una línea. Esta historia me ha llevado a concluir que las invocaciones a la transparencia, puestas en cuñas radiofónicas o trasladadas por otros medios, no pasan de ser simples actos de una propaganda perversa porque quien invoca la transparencia sabe que no está cumpliendo la ley ni dentro de los muros de la Consellería de Transparencia.

Al recibir este trato tan dispar de editoriales dependientes del presupuesto público y sometidas a la ley de Transparencia pensé que debía escribir una carta al conseller de Transparencia, pues había declarado el 1 de diciembre de 2015 que el Consejo de la Transparencia sería «clave» para el desarrollo y cumplimiento de la ley. Hoy veo que mi carta habría sido inútil y que su contenido solo le hubiera motivado el gesto del descreído al depositarla en la bandeja que recoge los documentos para archivo y sin respuesta. Algún diputado, delegado de transparencia, me hace saber que tengo abierta la puerta del recurso al contencioso administrativo. ¿No les parece demasiado, casi irritante, advertirme de la existencia de este amparo si deseo conocer las ventas de una editorial en el 2015? ¿Qué protege la ocultación del dato solicitado? ¿A qué interés sirve la opacidad?

Dejo estas preguntas porque no urgiré más respuestas, pues el trabajo encargado ya ha sido cerrado y entregado al editor. Pueden seguir creando agencias y consellerías; no por ello habrá más transparencia. Favorecer la opacidad es un fraude y se debe perseguir haciendo uso de la ley; debe hacerse, aunque no hubiera Agencia Antifraude ni Consellería de Transparencia.

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