15 de noviembre de 2016

El parto de los montes de la arqueología popular

15.11.2016 | 04:15
El parto de los montes de la arqueología popular

Desde que al inicio de esta legislatura la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga, anunciara su compromiso, fruto del denominado Pacto por la Arqueología Valenciana, de sacar adelante el irredento, desde 1998, Reglamento Regulador de las Actividades Arqueológicas en la Comunitat Valenciana, nos desayunamos estas semanas, sin mayor anuncio oficial, con un borrador del mismo, en la página web oficial del área de Patrimonio Cultural y Museos de la Conselleria de Cultura.

Una presentación virtual que nos faculta para poder analizar el potencial alcance de los contenidos de su articulado y la filosofía misma del modelo que finalmente parece que va a prevalecer, negro sobre blanco, en la gestión del patrimonio arqueológico de los valencianos, a la luz de nuestros anteriores artículos De arqueología, reglamentos y sabios (Levante-EMV, 8-01-2016) y Preguntas sobre patrimonio en busca de respuesta (Levante-EMV, 19-03-2016).

De la lectura de esta normativa patrimonial, pendiente de su definitiva aprobación, se colige que la meritoria y compartida consideración del trabajo arqueológico como «actividad científica» reivindicada en el Preámbulo normativo, se diluye en beneficio de una actividad tecnócrata a lo largo de su articulado, como intentaremos demostrar.

El continuista documento de inspirada autoría funcionarial, asentada en la Dirección General de Patrimonio Cultural de los sucesivos gobiernos autonómicos del Partido Popular, ha sido cocinado con una receta que ratifica y consagra el heredado y todavía vigente paradigma de una arqueología empresarial de libre mercado, con el ingrediente principal de la figura del promotor inmobiliario. El necesario control de los poderes públicos como garantes de la «actividad científica» arqueológica va desvaneciéndose a lo largo del texto, incapaz de articular medida alguna que regule y permita controlar la calidad científica de la ingente cantidad de datos primarios obtenidos en los procesos extractivos del subsuelo de nuestras ciudades, para acabar convertidos en historia de las gentes sin historia.

Un buen ejemplo del tancredismo que contagia todos los niveles de la estructura del Estado es la inacción y mutismo de la Dirección General de Patrimonio Cultural ante la revelación, por un conocido diario de alfabético nombre, del uso de los trabajos arqueológicos en Pardines (la Safor) para ocultar sobrecostes en las facturaciones del caso Acuamed. En el auto de prisión del gerente de la mercantil se afirma que se adjudicó un proyecto con prospecciones arqueológicas por valor de 15.000 euros que acabaron liquidándose por 1,1 millones de euros «enmascarando esos importes hinchados en inexistentes trabajos de arqueología». Si el poder judicial está ya al tanto de estas cuestiones, a día de hoy no podemos decir que la dirección general, valedora científica de esos trabajos, haya tenido reacción oficial a la implicación científica que conllevan esas revelaciones. Con el borrador del reglamento en la mano se consolida, previo maquillaje, y alcanza rango normativo el laissez faire, laissez passer arqueológico de irreparable daño imperante en la praxis pública de los últimos 20 años.

Concluiremos, a modo de coda culinaria, que, como bien es sabido, un guiso culinario puede no gustar necesariamente a todo el mundo. Pero cuando ese mismo viático entra en contradicción profunda con los valores preconizados por la coalición gobernante/dueño del restaurante, puede razonablemente pensarse que la solución es cambiar de tendencia culinaria (algo menos de cocina de mercado, en beneficio de una cocina de investigación con unos toques de cocina creativa) o, sencillamente, despedir al cocinero.

*Arqueólogos

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