Hay veces que es conveniente escuchar la razón de las tripas para evitar caer en la indolencia de acontecimientos que no pueden quedar en una noticia más, que se apaga al día siguiente como una vela. Y una vela fue, precisamente, la que apagó la vida de la anciana de 81 años de Reus, una vela que la alumbraba desde que la cortaron la luz por no haber pagado el recibo. Una persona que por su vulnerabilidad, su edad y su situación familiar estaba siendo atendida por los servicios sociales de Reus. Una persona que tenía derecho al agua „no se la cortaron porque la empresa pública se hacía cargo de los recibos„ y a la luz. Dos servicios básicos. Pero las alertas, por lo que fuera, no saltaron. La Ley 24/2015 obliga a las multimillonarias en beneficios compañías de servicios a informar a los trabajadores sociales del corte del suministro por si se trata de una persona vulnerable. Pero por lo que sea, ya se llega tarde. Incluso cuando fuera ella la que renunciara al reenganche del servicio.
Falló el sistema, o los protocolos, o lo que sea. Como en muchas otras ocasiones. Aunque cuando las consecuencias son menos dramáticas, el golpe se encaja en la intimidad.
Y de esos hay muchos. De esos que no se llegan a ver o no nos gusta contemplar „si ya los sufren otros, para qué compartir el dolor.
Los escaparates nos pierden. No somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Más allá de esos escaparates, de las pantallas del iPad o del teléfono inteligente.
A pocos metros de nuestras casas cerradas, en Valencia, más de 400 personas duermen cada día en la calle y la mitad de ellas sufren agresiones. Y tienen una media de 47 años.
También muy cerca de nuestras oficinas, fábricas, tiendas, ayuntamientos..., alrededor de 240.000 parados „del casi medio millón de personas sin empleo de la Comunitat Valenciana„ ya no reciben ninguna prestación. Ni siquiera los cuatrocientos euros de subsistencia. Y de muchos de ellos dependen familias.
Y lo peor de todo es que los que tienen trabajo tampoco se libran de la vulnerabilidad. Uno de cada cinco hogares está en riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social y sobrevive con unos ingresos anuales que apenas superan los 8.000 euros. Por eso no es extraño que 12 por ciento de los hogares se retrase en el pago de la hipoteca, la luz, el alquiler... O que cerca de la mitad de las familias no pueda permitirse salir de vacaciones. Y el 41 por ciento de los hogares no tenga capacidad para afrontar un gasto imprevisto.
Y alrededor de 340.000 valencianos no se pueden permitir una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
Y la renta mínima solo llega a tres de cada mil valencianos, y la prestación de dependencia, a menos del uno por ciento.
Y se dice que la crisis ha quedado atrás. Y que estamos remontando, porque se está creando más empleo y riqueza.
En estas condiciones, que no queremos ver, nos extrañamos de que ganen peso los discursos y las organizaciones populistas.
