18 de noviembre de 2016

El gobierno, contra los pequeños municipios

El Ministerio de Empleo actúa contra toda lógica y contra los más débiles, en este caso los ayuntamientos más pequeños. Es una actuación que invita a pensar en un trasfondo político: la Diputación de Castellón (PP) tiene el mismo convenio y sus municipios no están siendo investigados por el ministerio (PP), mientras que las sanciones en la provincia de Valencia por el convenio con la diputación (PSPV- Compromís) superan los seis millones de euros

18.11.2016 | 04:15
El gobierno, contra los pequeños municipios

Decía Turgot, un político y economista francés del siglo XVIII, fundador de la escuela de pensamiento fisiocrático, que en todas partes los más fuertes han hecho las leyes y han oprimido a los débiles. Me viene esta cita a la cabeza tras analizar la comprometida situación que atraviesan los municipios más pequeños de la provincia de Valencia después de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social los haya colocado en su punto de mira.

El citado ministerio ha comenzado a perseguir a los beneficiarios de un convenio que lleva treinta años en vigor y que ha permitido que los municipios de menos de cinco mil habitantes de la provincia puedan acceder a servicios técnicos (ingenieros técnicos, aparejadores, ingenieros, arquitectos, y hasta 16 profesiones diferentes) gracias a los cuales se han llevado a cabo numerosos proyectos que han repercutido directamente en el bienestar de los vecinos.

El funcionamiento de este convenio es sencillo: la Diputación Provincial de Valencia y 16 colegios profesionales llevan décadas firmando un acuerdo de colaboración para ofrecer servicios técnicos accesibles para estos municipios. Este acuerdo varía según las posibilidades de cada colegio: algunos sufragan parte del coste de los servicios, otros dan cobertura técnica y el visado gratuito? Cada colegio colabora en función de sus posibilidades. La diputación asume buena parte de los honorarios profesionales del técnico. Bajo esta fórmula, municipios que no podrían aspirar a contar con estos servicios pueden hacerlo: en la mayoría de los casos los técnicos trabajan dos o cuatro horas por semana, un tiempo suficiente para el volumen de trabajo limitado que generan estos pequeños núcleos urbanos.

De esta manera, cientos de profesionales autónomos prestan sus servicios y cientos de municipios se ven beneficiados. Pues bien: el Ministerio de Empleo dice ahora que esa clase de servicios a tiempo parcial no los pueden prestar trabajadores autónomos, y que los ayuntamientos están obligados a contratarlos como personal de plantilla. No contentos con ello, hace unos meses comenzaron a notificar a los ayuntamientos sanciones que oscilan entre los 20.000 y los 60.000 euros y que son retroactivas hasta cuatro años. Y recientemente han comenzado a llegar las cartas de pago.

¿Es necesario actuar de esta manera, contra toda lógica y contra los más débiles, en este caso los ayuntamientos más pequeños? A mi juicio, el convenio que está siendo atacado se ajusta a la realidad laboral y a los objetivos que persigue: las corporaciones municipales no tienen capacidad para contratar a estos técnicos en plantilla debido a su alto coste; menos aún para crear un departamento que disponga de todo el equipamiento necesario para dar cobertura a su trabajo „software, plotter, equipos de medición„; los técnicos prefieren trabajar como autónomos porque así pueden dar servicio a varios clientes, entre ellos los ayuntamientos, y no se atan sólo a uno, que no les puede pagar, ni de lejos, un sueldo completo; y los mismos autónomos son los que pagan seguros sociales, no hay ninguna trampa legal.

Todo acuerdo es mejorable. Por eso, entraría dentro de la lógica una revisión del convenio para pulir detalles que facilitasen el trabajo de los técnicos o para agilizar su tramitación por parte de los ayuntamientos. Pero no atacar su naturaleza misma, cambiar la relación laboral entre contratantes y contratados, un hecho que dificulta enormemente su puesta en práctica.

No es de recibo que el ministerio haya empezado a enviar cartas de pago a municipios con sanciones de más de 20.000 euros, que los municipios no pueden afrontar de ninguna manera. La Diputación de Valencia está prestando a los municipios afectados todo el apoyo jurídico que necesitan y cada ayuntamiento está presentando las correspondientes alegaciones.

Esto no es la manera de hacer las cosas que se espera de un ministerio. Por el contrario, es una actuación que invita a pensar en un trasfondo político: la Diputación de Castellón (PP) tiene el mismo convenio y sus municipios no están siendo investigados por el Ministerio de Empleo (PP), mientras que las sanciones en la provincia de Valencia por el convenio con la diputación (PSPV- Compromís) superan los seis millones de euros.
La Diputación de Valencia va a mantener en vigor este convenio, puesto que entiende que las sanciones recibidas son injustas. Como decana del Cogiti Valencia y representante de mi colectivo profesional quiero mostrar públicamente mi apoyo a la corporación provincial como garante del desarrollo de infraestructuras que repercuten directamente en el bienestar de la población de los municipios más pequeños. Algo que se ha venido haciendo durante los últimos treinta años. Más allá del color político está el sentido común, y ese debe ser innegociable.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook


Enlaces recomendados: Premios Cine