Antonio, José, Javier, Carlos, Amparo, Domingo, Santiago, Jaume. Son los nombres, sin apellidos, que vieron en la portada de Levante-EMV del viernes la imagen de dos mujeres, madre e hija, ateridas de frío en un piso sin agua caliente y no dudaron en llamar al periódico para ofrecerles ayuda. Laura y su hija María José dispondrán ahora de un calentador de agua para no tener que ducharse con agua fría. Y Luz, la mujer que llegó desde Perú en 2007 a la España en la que los perros se ataban con longanizas y hoy sobrevive con un hijo discapacitado y otro estudiante, recibirá la ayuda solidaria que le permitirá reponer en parte su maltrecha despensa. Nada de aparatos eléctricos. Ella no puede pagar la factura con los 451 euros que gana al mes. Gracias. Los lectores son lo más preciado para un periódico. Y si son como los ocho citados, su gesto debe ser reconocido en letras de oro.
De vez en cuando, algunas noticias sacuden las conciencias adormecidas. Ha tenido que morir una mujer en Reus, en un incendio iniciado por las velas con las que se alumbraba tras sufrir un corte de luz por impago, para que una sociedad que por momentos se cree que está saliendo de una crisis vuelva su rostro hacia la pobreza energética.
Y es ahora cuando las compañías eléctricas han pedido a los departamentos de servicios sociales de los ayuntamientos que les proporcionen listas actualizadas de familias en situación de extrema pobreza. Aunque lo lógico sería que fueran las eléctricas las que comunicaran a los ayuntamientos a qué usuarios van a cortar la luz por impagos para que los trabajadores sociales exploren la situación de los afectados.
Sólo Endesa e Iberdrola, que gestionan el 80 % de la distribución eléctrica en España, cortaron la luz por no atender los recibos a 506.481 usuarios en 2015, un 5,9 % más que en el año anterior.
Frente a esta realidad diaria resultan hasta obscenos los mensajes sobre la salida de la crisis y la mejora de la situación económica. Como asegura el economista José Carlos Díez, una cosa es que en la macroeconomía se atisben indicios de avance y otra muy distinta que eso se aprecie de manera generalizada en la microeconomía, el bolsillo de cada uno. No hay más que atender las llamadas de emergencia de entidades de apoyo social como la Asociación Valenciana de Caridad, la Cruz Roja, Cáritas, Manos Unidas y tantas otras, que alertan una y otra vez de que la pobreza individual aumenta pese al espectacular crecimiento de la economía, y además se españoliza y se cronifica. Buena parte de la sociedad que se cree opulenta se está quedando atrás, se desengancha y viaja en un furgón de cola del que tiene difícil salida. Y fenómenos como los de Donald Trump, el «brexit» y el avance de la ultraderecha en Europa no son buenas noticias para los desheredados.
El Gobierno de Mariano Rajoy asegura que desde 2012 la factura eléctrica que pagan los hogares españoles ha descendido más del 14 %, y atribuye ese descenso a las reformas que aplicó el Ministerio de Industria en 2013 sobre el mercado mayorista. Sin embargo, no es esa la percepción que tiene la mayoría de los ciudadanos cuando despliega cada mes o cada dos meses el recibo eléctrico, el quinto más caro de Europa después de los de Dinamarca, Alemania, Irlanda e Italia, y el que no deja de aumentar mientras las compañías suministradoras baten records de beneficios.
En la Comunitat Valenciana, donde los tres partidos firmantes del Pacte del Botànic mantienen como objetivo básico el rescate de las personas más afectadas por la crisis económica, se han desarrollado programas de bonos sociales que han evitado cortes de luz a casi 8.000 familias y hay margen para atender a otras 4.000. Pero el Consell de Ximo Puig tendrá que hacer más si quiere aplicar una verdadera justicia social en un terreno en el que hasta ahora ha habido sobre todo caridad. La Conselleria de Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra ha puesto en marcha un plan de atención a los invisibles, las personas que están en situación de exclusión social, tengan papeles o no. Se ha necesitado el permiso del Fondo Social Europeo, que ha dado el visto bueno, y serán cinco millones de euros de presupuesto para los años 2016 y 2017, una gota de dinero en un océano de necesidad.
Así, el próximo viernes, cuando por segundo año consecutivo triunfe en España la fiesta importada del «Black Friday», el día para comprar aparatos eléctricos y electrónicos a un precio inmejorable, habrá decenas de miles de personas que se quedarán una vez más fuera de la fiesta. No podrán comprar ni enchufar nada a una red que las ha dejado al margen y que parece que sólo las recuerda al calor de una tragedia que no debería repetirse.
