Las puertas de Hacienda y los criterios con los que se abren o cierran son inescrutables. Solo si nos adentramos en un razonamiento científico, con un método de investigación basado en lo empírico y en la medición, podríamos llegar a la conclusión que ya desveló la abogada del Estad0 Dolores Ripoll en el juicio por el caso Nóos para defender a la infanta Cristina: «Hacienda somos todos» es una expresión creada en su día para el ámbito publicitario.
Viene ésto a cuento de las cada vez más numerosas reclamaciones que emprende la Agencia Tributaria contra los colectivos más vulnerables. Y no solo por el empeño que se pueda poner en la detección de posibles irregularidades „tiene muy poco mérito, porque solo consiste en un cruce de datos de diferentes instituciones públicas y entidades financieras„, sino por la rotundidad con que castiga las conductas irregulares de las personas que, probablemente, desconocen que están haciendo algo incorrecto.
El ejemplo lo tenemos en las páginas de este periódico de la edición de ayer, en las que se daba cuenta de las reclamaciones emprendidas contra más de veinte mil emigrantes valencianos que reciben pensiones del exterior, de países a los que se vieron obligados a ir en los años sesenta en busca de un empleo. Prestaciones que, en muchos casos, no superan ni los 600 euros „por debajo incluso del salario mínimo„ y que sus perceptores desconocían que tenían que declarar, puesto que sus emolumentos no llegan al mínimo exigido para hacer la« renta».
Y el problema no es que se regule su situación, o que se den más o menos facilidades para ponerse al día con Hacienda. El problema es que a estas personas se les apliquen retenciones de hasta el 21% a pensiones de 6.000 euros anuales cuando la Agencia Tributaria, a raíz de la amnistía fiscal impulsada por Cristóbal Montoro, permitió salvar la responsabilidad penal de cientos de evasores a cambio de pagar un 10 % anual.
La injusticia es evidente por la enorme desproporción. Como también lo es en el caso que contamos hoy de Amparo Gil. A quien por el hecho de tener un contrato de trabajo de tres horas semanales que le reporta 70 euros mensuales, le quiten el derecho a los medicamentos gratuitos „ahora tendrá que pagar el 40 % de los más de cien euros mensuales que gasta en fármacos por su enfermedad„ y no pueda renovar el bono de transporte de los parados con bajos ingresos. Una situación tan absurda como cruel.
Las leyes, los reglamentos y las normas están para adaptarse a las diferentes realidades de forma proporcional, no para establecer límites absolutos infranqueables. Tan injusto es que una persona pierda una ayuda farmacéutica por el simple hecho de haberse dado de alta sin considerar el salario que recibe, como que un jubilado, por su condición, sin tener en cuenta la prestación que cobra „llegan hasta los 2.500 euros„ esté exento del pago de medicamentos.
