«Dentro de los próximos años, la balanza demográfica pesará más del lado de los viejos». Habrá, por tanto, muy pocos jóvenes para pagar las pensiones de los mayores, la inmensa mayoría. No olvidemos que la Seguridad Social es un sistema de reparto: el activo actual paga la prestación del jubilado presente. Ese sistema de reparto, pone en jaque la sostenibilidad del sistema de cara a los próximos años. Aunque Zapatero subiera la edad de jubilación a los 67 años, o cierto es que esa solución no será suficiente para corregir el desequilibrio aritmético.

Ante este muro infranqueable, que cada vez tenemos más cerca, la ministra del ramo ha prpuesto una solución. El remedio pasaría porque los jubilados compatibilizaran el cien por cien de su pensión con el trabajo. Esta medida no parecería descabellada si España no tuviera el problema del paro. La medida aumentaría el poder adquisitivo de los mayores y permitiría insuflar aire fresco al asfixiado sistema de reparto. Ahora bien, con una tasa de paro del veinte por ciento, supondría arreglar un roto para crear un descosido. La medida implicaría que a millones de jóvenes y no tan jóvenes les costara „aún más„ encontrar empleo. Les costaría más ante el descenso de vacantes que supondría alargar la vida laboral de los mayores.

La solución pasaría por cuestionar el sistema de reparto, que deja en la cuneta a millones de ciudadanos que no han cotizado lo suficiente. Es injusto „por no decir abusivo„ que las cotizaciones insuficientes, o sea aquellas que no han llegado al mínimo necesario para generar el derecho, sean absorbidas por el Estado, que recoge miles de millones de euros provenientes de cotizaciones perdidas. Cotizantes que no pudieron atesorar los quince años necesarios para disfrutar, por ejemplo, de una pensión de prestación contributiva. El Estado del Bienestar atenta, por tanto, contra la propiedad (las cotizaciones de los ciudadanos). Una propiedad que es la base del Estado moderno y que, sin embargo, no es respetada por el ordenamiento jurídico. No lo es porque toda cotización inferior a quince años tiene los mismos efectos jurídicos que otra con cero días registrados.

La alternativa al sistema de reparto sería la introducción de la mochila austriaca; un sistema de ahorro similar a los planes de pensiones que ofrecen los bancos. Con este sistema se perdería el miedo a los desequilibrios aritméticos y los ciudadanos ganarían tranquilidad futura. Otra medida para mejorar la acción protectora sería la eliminación de los límites mínimos para el ejercicio del derecho. Eliminar, por ejemplo, los 360 días necesarios para poder cobrar la prestación por desempleo; los 180 días para cobrar una baja por enfermedad común o, por qué no, los 15 años necesarios para cobrar la pensión de jubilación. Lo suyo sería un sistema de prestaciones proporcional al tiempo cotizado sin cortapisas por en medio. Gracias a estas medidas, todos tendríamos derecho a la acción protectora contributiva. No quedarían al margen quienes no llegan al mínimo y, no se atentaría contra el principio de igualdad. Un principio relativo que iguala a partir de topes legales; dejando en la cuneta a millones de cotizantes.