De Rita y las "líneas rojas"

¿Quiénes, entonces, le dolieron? Gentes a las que ella misma había apoyado cuando no aupado directamente a sus cargos. Protagonistas de lo que ha venido constituyendo un proceder político notablemente mejorable en el PPCV. Descartada la gran mayoría de la militancia del PP valenciano que siempre le profesó la mayor de las admiraciones y cariños. Descartado el grupo de sus adeptos y hostigados concejales. Descartado el staff de la dirección del PP de la provincia de Valencia con su presidente, Vicente Betoret, a la cabeza „el único diputado que libremente se ausentó de la votación en Corts Valencianes en la que el PPCV votó desafortunadamente con el tripartito reprobando a Barberá y solicitándole la devolución del acta de senadora sin estar ni imputada. Fue, éste, punto de no retorno en la desmoralización de Rita. El desacuerdo del PP provincial frente al regional respecto del vaporoso invento de las líneas rojas y su arbitraria aplicación, le ha costado, al primero, la apertura de una indeseada brecha con el segundo, por la que han venido colándose filtraciones y artículos alimentados al objeto de intentar minar la honorabilidad del presidente provincial valenciano y explorar la posibilidad de moverle la silla a espaldas de Génova. Las imágenes de máximos dirigentes regionales como Isabel Bonig, Pepe Císcar o Eva Ortiz, de pie, escorados en un rincón lateral, casi ocultos, durante el funeral oficiado en la catedral o su obligada ausencia, por expreso deseo de la familia, en el celebrado en el tanatorio municipal, lo dicen todo. Algunos han querido quitarse a Rita de en medio y la enormidad de su figura les ha caído encima.

Empujan ansias deseosas de sepultar lo sucedido con Rita bajo un manto de silencio que se pretende justificado por la necesaria unidad del partido. Vano intento: la convicción de que Rita fue abandonada cuando no traicionada por los suyos, es un clamor popular que amenaza con convertirse en lastre electoral. ¿No afecta esto a la conducción política del partido en la ciudad o a las condiciones requeridas para un perfil electoral aquí? Más prudente sería€ salvar al soldado Ryan y aprovecharlo en sus responsabilidades parlamentarias. En cualquier caso, ninguna unidad que merezca tal nombre se podrá construir sobre el silencio o el uso de la sordina para con las voces que reclaman una reflexión política sobre lo sucedido. Nada podrá narcotizar una convicción así y se equivoca quien piense que la nube Rita se disipará en un par de semanas. Estéril lo recogido de una conversación de dirigentes populares desafectos con Rita minutos después de oficiado el funeral de la catedral: «No os preocupéis. Lo importante es que ya ha pasado todo y ya hemos pasado esto».

Recoser la unidad impone soslayar lo personal y abordar la reflexión: «Curar la enfermedad para salvar al enfermo». Cerrar el aquelarre de las acusaciones, pero también el de las imposturas. El dislate sobre el que se desencadenó lo sucedido no lo constituyen personas. Lo constituye el insensato despropósito de las zigzagueantes líneas rojas y su arbitraria e interesada aplicación. A su inventor no debió depararle gran resultado político, porque fue el último presidente popular de la Generalitat. La Comunitat Valenciana alcanzó las más altas calificaciones de inmundicia nacional desde que Pompeyo arrasara Valentia. Apagó la radio y televisión valencianas y se acalló nuestra voz y se acabaron los testigos. Valencia perdió muchísimo de lo conseguido durante más de tres décadas. Aún no nos hemos rehecho. Él perdió sus únicas elecciones autonómicas. Inapelable. Dejó su fusil y corrió a Madrid. Nos dejó sus turbias líneas rojas: cualquier militante imputado deberá dejar sus cargos orgánicos e institucionales y será expulsado del partido ¿Pero imputado por quién? ¿Por la policía o la UCO? En todo caso, debería serlo por el juez, que es quien decide, en un Estado de Derecho y con separación de poderes, como el nuestro, en quien concurren indicios racionales suficientes de estar involucrado en un delito. Indicios que habrá que investigar, juzgar y sentenciar con culpabilidad o inocencia. Mientras tanto, se es inocente, porque eso es lo que recoge la Constitución Española y la de todos, todos, los países democráticos: la presunción de inocencia como protección del individuo contra el que aún no se ha demostrado nada.

Y eso es lo que, con toda razonabilidad democrática y contra toda tentativa inquisitorial o de linchamiento por la jauría humana, recogen los estatutos del PP, del PSOE, del Bloc y otros partidos democráticos. Por imputación-investigación se entiende sólo la dictada por el juez y se le aplica apertura de expediente informativo. El juez aún debe practicar diligencias, aún no ha decidido si hay base, si hay caso, si va a procesar y abrir juicio oral al imputado y puede perfectamente decidir que no. ¿Por qué, entonces debe ser privado por otros de sus derechos? ¿Dónde quedan los derechos y garantías constitucionales? ¿Por qué expulsado de su partido? ¿Por qué civilmente aniquilado? ¿Por qué apestado y abandonado, señalado de todos? Si el juez decide procesar porque estima que hay indicios claros, los estatutos del PP y de los otros partidos, prevén la suspensión cautelar de militancia y el posible cese de cargo o solicitud de devolución del escaño. Si finalmente hay sentencia condenatoria, entonces se procede la expulsión e incluso la petición de daños y perjuicios por el daño causado a la imagen del partido.

Estos son los estatutos nacionales del PP, similares a los de otros grandes partidos democráticos. Pero esto no es lo que se aplicó aquí. Aquí, con la mera imputación de la UCO se guillotinó al grupo de concejales populares del Ayuntamiento de Valencia y a la dirección democrática del partido en la ciudad y se creó una gestora manceba de hacer política extraparlamentaria. Al tiempo que la gestora, entró en escena la dirección regional con una esperpéntica escalada de amenazas y plazos sucesivamente postergados. Y así comenzó aquí el abandono y el acoso interno a Rita con el corolario de la oprobiosa votación reprobatoria en Les Corts ¿Y por qué ocurrió esto solo en Valencia? ¿Y por qué no se aplicó el mismo criterio al diputado paisano no ya sólo imputado, sino procesado por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales? Se dice que porque la prevaricación es sólo administrativa. ¡Pero es que no hay ninguna prevaricación que no sea administrativa! ¿Se ha abierto expediente informativo o suspendido cautelarmente a todos los militantes judicialmente imputados e, incluso, procesados del PPCV? ¿Por qué la obsesión con Valencia y Rita?

Hay muchas preguntas más, claro, para dentro y fuera del PP. Y muchas reflexiones que realizar entre todos. La libertad de expresión y comunicación es un derecho irrenunciable consagrado en la Constitución. No obstante, hay obviedades: no se entiende la actividad política sin el concurso del trabajo y la información periodística, pero los políticos deberían contemplar, también, el trabajo de jueces y fiscales. ¿Por qué la impune recurrencia a la filtración de partes de una instrucción bajo secreto sumarial? ¿Va ser una práctica aceptada hacer carrera política alardeando de los buenos contactos con la policía o la UCO? ¿Es democráticamente sano conducir el debate político con el oponente con el objetivo de su destrucción personal? Ni los medios son jueces ni los partidos pueden continuar judicializando la vida política con el sólo objetivo de obtener rentabilidad mediática.

Muchas, demasiadas circunstancias que a todos afectan, han plagado el luctuoso episodio de Rita Barberá como para que sea bien recibida una omertá del silencio.