En la reunión del jueves del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los gobiernos autonómicos de Catalunya, Comunitat Valenciana e Illes Balears, votaron contra un acuerdo de PP y de PSOE de nivel estatal. Las tres comunidades autónomas (CC AA) de habla catalana están legítimamente gobernadas, en mayoría o en coalición, por partidos nacionalistas. Si preguntáramos a Michel Ignatieff „autor de Sangre y pertenencia: viajes al nuevo nacionalismo„ nos diría que hay que dejar de pensar en un juego de suma cero, donde si yo gano, tú pierdes. Es una tensión que no va a desaparecer, ya que forma parte de la realidad de la España moderna y tendremos que convivir con la mayor generosidad y el menor tacticismo posible.
A pesar de la supuesta convergencia entre las CC AA catalanoparlantes, lo cierto es que el techo de gasto para 2017 presenta urgencias muy distintas para las tres. Baleares, tras un formidable año turístico, tiene su presupuesto prácticamente aprobado, con un límite del 0,5 % respecto a su PIB regional autorizado a las CC AA (desde el jueves ha subido en 0,1 %) un objetivo que va a lograr sin problemas ya que incluso va a conseguirlo en el actual 2016. Su voto del jueves pude interpretarse en clave de querer meter el dedo en el ojo de cualquier acuerdo estatal entre PP y PSOE. Allí, como aquí, hay una especie de tripartito PSOE, Podemos y MES en el papel de Compromís.
En Cataluña, donde en lo que a soberanismo se refiere hay un ritmo muy acelerado, se han presentado hace dos días unos presupuestos para 2017 que también respetan el 0,5 % de déficit, y ello a pesar de convivir con la partida para el referéndum independentista. El presupuesto de Oriol Junqueras no prevé ningún tipo de acceso a los mercados internacionales que no sea el FLA y da por supuesto que el Estado absorberá la amortización de los 6.207 millones de deuda de la Administración catalana que vencen en 2017, tal como establecen los automatismos del Fondo. Cuando finalice 2017, el FLA ya tendrá más de 58.000 millones de deuda catalana, que en total ya sumará más de 77.000 millones; es decir, el 75 % en manos del Tesoro. Todavía uno recuerda que esta impresionante factura era uno de los argumentos que el exconseller Andreu Mas-Colell pensaba utilizar para negociar la salida de España ya que suponía que España no aguantaría el ritmo de impago que Cataluña le iba a generar. Es curioso que se cumpla con el límite de déficit señalado por Bruselas, vía Madrid, y espere que en el mismo año el Estado haga frente al vencimiento de su abundantísima deuda internacional colocada hace años. Una especie de oportunismo, más o menos chantajista, basado en que si el Reino de España no afronta estas amortizaciones, sería un Estado de la UE que entraría en default, ya que al final es el garante de la deuda catalana.
Nuestro conseller de Hacienda viajó a Madrid con una tajante orden de Compromís de que no tenía el mandato para cambiar su voto negativo por mucho que lo hubieran pactado PP y PSOE, ya que ellos son partidarios del déficit asimétrico. Para que no hubiera dudas, Clara Ferrando, de Compromis, secretaria autonómica de Hacienda, declaraba que acordar una cifra que bailase entre el 0,5 y el 0,7 % (quedaron en el 0,6 %) le parecía «una farsa para ocultar el problema de base: la necesidad de objetivos de déficit diferenciados, realistas y coherentes con la capacidad y las obligaciones de cada autonomía». En la conselleria parecen competir en descalificaciones a Cristóbal Montoro, a quien incluso Junqueras no insulta demasiado en la esperanza de que le mantenga el FLA.
Realmente el Consell ha decidido ser mucho más osado y/o imprudente que sus homólogos de Catalunya y Baleares que han hecho previsiones respetando el 0,5% de déficit, y se ha optado por una especie de ruptura que puede terminar en sanciones e intervenciones por parte del Gobierno central y de la UE. En una actitud tan radical, se ha introducido una partida de 1.325 millones de euros reivindicativa e irrenunciable mientras que no se compense a la Generalitat Valenciana (GV) por lo que se considera una situación de maltrato financiero, pero que para otros son sólo ingresos ficticios, ya que, como está ocurriendo en 2016, el Estado no los pagará y no llegarán a las arcas autonómicas, con el consiguiente aumento de la impagable deuda de la GV que debe estar jugando el nivel de impagable para España, tal como suspiraba Mas-Colell.
El PP presentó una enmienda a los presupuestos de la GV para que los ingresos del año próximo pasen de 13.586 a 12.268 millones, es decir, los 1.325 millones que nadie sabe de dónde van a salir, pero que son básicos para que la GV pueda mantener sus compromisos. Puesto que toda enmienda que reduzca ingresos debe pasar por el Consell, el viernes pasado se opuso a su tramitación ya que no se plantea alternativa alguna por la vía de los ingresos ni la necesaria y complementaria enmienda que concrete los efectos de la misma sobre el estado de gastos, algo que se considera imprescindible para asegurar la estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. En su conjunto, una situación kafkiana: no tengo dinero, pero tengo que presupuestarlo, ya que de lo contrario tendré que asumir un descalabro extraordinario, una cuestión de la que la oposición se desentiende. En otras palabras, vamos a gastar y veremos si el Gobierno central se atreve a no mandarnos el dinero que necesitamos.
En la GV se está engendrando una situación parecida a la que Junqueras parece tener en la cabeza, el Estado no dejará de hacerse cargo de nuestra deuda aunque en el mismo año convoquemos un referéndum de independencia. Si el Estado se negara o no pudiera hacer frente a ambas peticiones, la GV estaría a las puertas del valexit (como no me financias me tendré que ir; contigo mis males no tienen remedio) y Europa viviría un conflicto inédito con Cataluña, el propio de un juez que tuviera que decidir ante un cónyugue de un matrimonio en gananciales, que al pedir la separación exigiera que el otro se quedara con su propia deuda.
