El cuadro clínico de la economía española corresponde a un enfermo que evoluciona favorablemente, que ha hecho grandes progresos, pero que tiene problemas crónicos que exigen un tratamiento a medio y largo plazo. En lenguaje de un economista, las variables flujo evolucionan favorablemente, pero las variables stock reflejan desequilibrios importantes.

La economía española abandonó la recesión a mediados de 2013, y desde entonces ha crecido a tasas cada vez más elevadas, situándose en el tercer trimestre de 2016 en el 3,2 %, muy por encima del 1,7 % de la eurozona. Desde entonces, el número de ocupados (EPA) ha aumentado en 1,4 millones y la tasa de paro ha caído 8 puntos porcentuales hasta alcanzar el 18,9 %.

El crecimiento del empleo ha venido acompañado de una mejora en el sector exterior, ya que hemos pasado de tener una necesidad de financiación del resto del mundo a finales de 2012 a una capacidad de 27.000 millones de euros en 2016. Es la primera vez en la historia reciente que crecemos mejorando el saldo exterior. A los avances anteriores hay que sumar el esfuerzo que ha hecho el sector privado por reducir su deuda, ya que como porcentaje del PIB, ha caído 40 puntos desde 2010, hasta situarse en el 173,1 %.

Sin embargo, a pesar de la enorme mejoría del paciente, todavía presenta desequilibrios macroeconómicos que requieren reformas estructurales. Así, la tasa de paro es la segunda más elevada de la UE, la juvenil alcanza el 41,9 % y el 57% de los parados son de larga duración. Otro de los desequilibrios es el endeudamiento público que alcanza el 101 % del PIB. En 2016, si bien todo parece indicar que el déficit público va a situarse en el 4,6 % (cumpliendo con el compromiso con Bruselas), no es un mérito a destacar teniendo en cuenta que se ha conseguido con viento a favor, es decir, con una economía creciendo con intensidad.

A los desequilibrios anteriores se suma la enorme deuda externa neta (posición neta de inversión internacional) que equivale al 88,5 % del PIB, cifra solo superada por los países rescatados y muy alejada del nivel del 35 % a partir del cual se considera un desequilibrio.

En este contexto, la economía española tiene retos importantes que afrontar y medidas estructurales que adoptar, entre las que destaco cuatro:

1) Sanear las finanzas públicas para cumplir el objetivo de déficit fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Para 2017, el déficit debe caer al 3,2 % del PIB, lo que exige un ajuste de gastos y/o ingresos. Pero el objetivo final es situarlo en el 1,1 % del PIB en 2019, por lo que la brecha que nos separa del 4,6 % actual a ese nivel es de 3,5 puntos porcentuales. Un reto insalvable sin una reforma fiscal que consiga elevar el peso de los ingresos públicos en el PIB, ya que España se sitúa a la cola de los países desarrollados en presión fiscal. Además, esa baja presión fiscal es incompatible con el actual Estado del bienestar. La reforma debe ampliarse al sistema de pensiones, ya que, además de insostenible en su configuración actual, es un componente importante del déficit público.

2) Un pacto de Estado a favor del empleo, lo que exige ir más allá en la reforma del mercado laboral, acompañado de políticas activas de empleo. En el primer caso, hay que valorar bien las consecuencias de las propuestas, sin caer en la tentación de formular propuestas populares cuyo impacto exige previamente ser medido, como es el caso de la subida del salario mínimo interprofesional. En el segundo caso, debe aumentar el gasto público en formación de los parados, que ha caído en los años de crisis.

3) Eliminar los obstáculos (fiscales, laborales, administrativos) al crecimiento de nuestras empresas, ya que nuestro tejido productivo está plagado de micro empresas (menos de 10 trabajadores) que tienen menores posibilidad de innovar e internacionalizarse y, por tanto, de alcanzar mayores niveles de productividad.

4) Medidas dirigidas a aumentar la productividad. Llevamos décadas con marginales ganancias y los economistas sabemos muy bien cuáles son sus causas: la inversión en I+D, cuyo peso en el PIB (1,22 %) ha regresado al nivel de 2007, y está muy alejada del 2,1 % de la UE; la educación, tan de moda estos días a raíz de la publicación del informe PISA, cuyos resultados no invitan al triunfalismo ya que si España ha acortado distancia a la media OCDE, no es porque haya mejorado nuestra puntuación en esas pruebas, sino porque ha caído la media con la que nos comparamos. Además, tenemos la tasa de abandono escolar más alta de la UE, otro indicador de la necesidad de mejorar sustancialmente nuestro sistema educativo.

En resumen, en 2017 necesitamos aprobar una agenda de reformas estructurales, porque tarde o temprano dejará de soplar el viento a favor que explica una parte importante de la recuperación de la economía española: la caída del precio del petróleo (que ha comenzado a subir) y de los tipos de interés, gracias a super Mario Draghi. Sin reformas y sin viento a favor, la salida de la crisis es misión imposible.