No sorprendieron las críticas del Partido Popular valenciano al discurso navideño de Ximo Puig. Y ello es así porque uno de los asuntos a los que hizo referencia el presidente de la Generalitat fue el de la infrafinanciación de nuestra Comunidad de cuya existencia el Partido Popular siempre ha echado la culpa a los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, como si los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy -con sus correspondientes mayorías absolutas- nunca hubieran existido y por tanto no hubiese habido una inmejorable oportunidad para resolver este problema. No sabe el PP valenciano cómo ocultar la catarata de problemas judiciales que se le vienen encima toda vez que las innumerables causas judiciales abiertas durante los últimos años se encuentran a un paso de cerrarse y, por tanto, de dictarse sentencia. Si a ello se le suma el enorme e impagable agujero de 43.000 millones de euros que el PP dejó en las arcas públicas tras veinte años de gobierno - de los cuales es responsable en un 96%- es comprensible el nerviosismo de Isabel Bonig.

La Comunidad Valenciana se encuentra a la cabeza de España en cuanto a casos de corrupción investigados y en plena instrucción judicial se refiere, con varios exdirigentes del Partido Popular en la cárcel o a un paso de estarlo. Cuesta imaginar cuántos años deberán transcurrir hasta que cesen de surgir en la administración valenciana amaños de contratos, malversación de caudales públicos o un nuevo escándalo de financiación irregular del Partido Popular.

Aunque los actuales dirigentes populares valencianos hagan como si no hubiese sucedido nada o no tuviera que ver con ellos, la herencia que han recibido de compañeros de su partido pesa como una losa. Herencia que se resume en dos grandes ámbitos. Por un lado, las privatizaciones más o menos encubiertas llevadas a cabo por el PP, las «colaboraciones» público-privadas destinadas a la realización de eventos deportivos y las adjudicaciones a dedo mediantes contratos troceados o amañados han supuesto un gran menoscabo a las arcas públicas valencianas y a su credibilidad. Por otro lado, otra de las consecuencias ha sido hacer creer a los valencianos que la vida política es un juego de pillos en el que el más listo logra lucrarse y colocar a sus familiares.

El gran reto que tiene por delante el Consell dirigido por Ximo Puig y Mónica Oltra es conseguir que los valencianos vuelvan a creer en sí mismos y por tanto en su capacidad de elegir dirigentes políticos que, con sus defectos y virtudes, no tengan en su horizonte personal despilfarrar y darse la gran vida.

Dijo Javier Pradera en su último libro publicado (Corrupción y política. Los costes de la democracia. Galaxia Gutenberg, 2014) que la corrupción política supone siempre la colisión entre intereses públicos y privados así como una quiebra de confianza de la ciudadanía que se produce cuando cargos y funcionarios subordinan el interés público a fines espurios. De ambas cosas sabemos mucho los valencianos.