Economía colaborativa o modelo de empresa digital? La transformación que han sufrido algunas de estas plataformas que están revolucionando sectores económicos que permenecían prácticamente inmóviles ha sido exponencial y vertiginosa. Han sabido acceder a un nicho de mercado que hasta ese momento no se había explorado y que ofrece unas expectativas de crecimiento, por ahora, inabarcables.
Sin embargo, el desarrollo de algunas de estas firmas que nacieron en su día como colaborativas „compartiendo coches, prendas de ropa o alojamiento para viajeros, contactando a personas„ ha terminado derivando, probablemente por su tamaño, en modelos multinacionales que en realidad se dedican a ofrecer servicios, como es el caso de Airbnb o de Uber. Y ahí es donde se plantea la polémica. ¿Deben cumplir las mismas exigencias legales y burocráticas que las empresas convencionales de servicios?
Bruselas se ha manifestado siempre partidaria de facilitar el desarrollo de los nuevos modelos de negocio al entender que la economía europea requiere innovación para ganar competitividad, y considera que la fórmula de las plataformas «colaborativas» es eficaz. El informe que realizó para abordar este asunto, de hecho, fue interpretado como un espaldarazo a plataformas como Uber, Cabity, Airbnb,.. al recomendar a los estados mimbros que no pusieran trabas.
Sin embargo, en los primeros casos que están llegando al Tribunal de Justicia Europeo (TJE), como el de los taxistas de Madrid contra Uber, Bruselas ha sorprendido en su intervención institucional echando un capote a los conductores profesionales, al considerar que Uber, en España, no es solo un servicio de la sociedad de la información. Con ello, pone sobre la mesa la exigencia de cumplir las regulaciones que afectan al sector.
El segundo caso que llegará al TJE será el del gigante Airbnb, al que ha denunciado la federación de viviendas y apartamentos turísticos. Mientras llega la postura de Bruselas sobre esta plataforma, el Consell ha decidido tomar medidas, abriéndole, junto a otras seis web más, un expediente sancionador. Airbnb, según Turismo, tiene en su oferta apartamentos ilegales. Algo inadmisible porque, entre otras cosas, reciben una prestación económica por cada operación que cierran.
Como concepto, las regulaciones de los servicios públicos se instauran para dar garantías al consumidir e impedir abusos, no para torpedear nuevos modelos económicos. Además, en casos como el de los pisos turísticos en la C. Valenciana, la necesidad del registro que ahora cuestion Competencia, se deriva de una economía sumergida que afecta, según las estimaciones, a 38.000 inmuebles, la mitad de los que existen.
De fiar a los mercados su autoregulación ya hemos tenido ejemplos en la última crisis financiera global, de la que aún no nos hemos recuperado. ¿O es que no hemos escarmentado?
