Federalismo español y federalismo europeo

Dicho esto, la cuestión más importante que se dilucida al respecto, aunque no la única, es la de la reorganización territorial del Estado. Sobre la cual se presentan dos posiciones encontradas: una, la que podría coincidir en la propuesta federal orgánica y moderada del Documento de Granada entre PP, PSOE y Ciudadanos; dos, la federalista plurinacional de Podemos-IU, PNV, Compromís o PSC, entre otros. La tercera opción es la rupturista del independentismo catalán, que quedaría por ello fuera del debate.

Entre la propuesta de federalismo orgánico del PSOE y la de federalismo plurinacional de Podemos hay una diferencia fundamental en torno a la soberanía nacional española: el primero la mantiene y el segundo la quiere trocear en diversas soberanías concurrentes, reconociendo el derecho de autodeterminación. El consenso entre ambas propuestas es complicado.

Pero hay otra variable que se pierde en el debate territorial español, y es la configuración de la Unión Europea. El proceso de gobernanza económica, que es el más integrado por ahora, no sólo condiciona las competencias económicas y presupuestarias de las diversas administraciones territoriales de los Estados miembros, sino también su propia organización institucional. No tiene sentido empeñarse en un debate sobre la reorganización territorial del Estado sin atender al proceso de integración europea que lo condiciona cada vez más.

En este sentido, se advierte que la gobernanza económica exige unos gobiernos centrales de los Estados miembros con fuerte poder ejecutivo y ampliación del legislativo (en el caso español, acudiendo al Real Decreto-Ley). Los gobiernos centrales controlan cada vez más a las administraciones regionales y locales porque están, a su vez, controlados por la Comisión y el Consejo, los responsables de la política económica de la UE. Por ejemplo, antes de que el Gobierno español remita el proyecto de Presupuestos a las Cortes -representantes de la soberanía nacional- debe enviarlo al Colegio de Comisarios para su aprobación inicial, así como los objetivos del techo de gasto de todas las Administraciones. Esta tendencia estaba en el fondo de la propuesta de reforma constitucional de Matteo Renzi, finalmente rechazada.

Esto significa que las controversias sobre el gasto público y los recursos financieros entre las Administraciones del Estado están determinadas por las decisiones de Consejo y Comisión, y también del BCE. Lo que genera una paradoja: mientras la gobernanza socava la soberanía económica de los Estados miembros, al mismo tiempo consolida la función de los gobiernos centrales, pero no como gobiernos representativos sino, inversamente, como delegados del Consejo y la Comisión. Cuando nuestros gobernantes asisten al Consejo o al Consejo Europeo e informan a la vuelta en Cortes sobre las decisiones allí adoptadas, actúan más como representantes de aquéllos ante el pueblo español que a la inversa.

Cuando hablemos de reorganización federal del Estado debemos atender en primer lugar a la reorganización federal de la Unión. Es importante dilucidar la relación competencial entre Estado central y CC.AA., pero es más importante definir la que hay entre Comisión y Consejo, y decidir si potenciamos a un órgano ejecutivo o a otro formado por Estados. ¿Cuál de los dos ha de dirigir la gobernanza? Esta es la cuestión central en todo lo que tenga que ver con el federalismo. El rechazo de la propuesta de inversión del comisario de Economía Pierre Moscovici por parte del Eurogrupo da cuenta del poder de un órgano informal de Estados sobre la Comisión.

El debate central no es, pues, entre Estado y Comunidades Autónomas, sino entre Unión y Estados, porque es en Bruselas y en las cumbres europeas donde se deciden los temas que luego nos afectan a todos. Si prima la dinámica intergubernamental, las grandes decisiones dependen del acuerdo entre unos gobiernos condicionados, en parte, por intereses nacionales ajenos al interés europeo, y también por la opinión de unas ciudadanías que, al mismo tiempo, se alejan del espíritu europeo precisamente porque ven que la Unión no decide como tal, cuando son los Estados los que deben hacerlo. Es un círculo vicioso que genera populismos y debería cerrarse, pero se mantiene sin solución aparente a la vista. En la fórmula de «Unión de Estados» hay que decidir cuál de las dos variables ponemos por delante -la Unión o los Estados-, qué instituciones potenciamos y qué tipo de integración queremos para Europa, federal o confederal.

Al mismo tiempo, debemos aclarar si queremos seguir en nuestro país con la descentralización de materias que la Unión iría asumiendo si prosigue su integración. No podemos pretender una mayor unión europea en materias que al mismo tiempo queremos descentralizar aquí. ¿Queremos haciendas fiscales autonómicas o una europea? En este momento se debate en el Parlamento Europeo un Impuesto sobre Sociedades Europeo, pero también hay CC.AA. que quieren su transferencia. Tenemos que relacionar ambas variables, descentralización autonómica e integración europea, porque pretender ambas a la vez va a ser cada vez más complicado.

El destino del federalismo español es importante, pero el del federalismo europeo lo es más, porque el primero está en función del segundo. Ya sabemos que la tendencia de los federalismos es centralizadora por la asunción de competencias implícitas y sobrevenidas. Esto pasa a nivel español, pero también a nivel europeo. Sólo podremos encontrar un modelo territorial estable para el Estado si lo relacionamos con el debate sobre la organización futura de la Unión Europea. Si no somos conscientes de esto, la gobernanza económica será la que nos vaya organizando la planta del Estado por la vía de los hechos. Y mientras tanto seguiremos criticando el centralismo de Madrid sin darnos cuenta de que viene de Bruselas.