No son tiempo fáciles para los sindicatos y menos todavía para las mujeres sindicalistas. Por añadidura, cuando el trabajo sindical se realiza en la Administración pública, que formalmente ofrece garantías en materia de igualdad encaminadas a impedir cualquier discriminación, el empeño se vuelve titánico.

El trabajo que desde las Secretarías de la Mujer se realiza para defender las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en la Administración pública, se enfrenta de entrada al reto de demostrar la existencia de estas discriminaciones que no son fáciles de percibir, pero que indudablemente existen. Véase el publicitado tema de la brecha salarial (hasta 300 euros menos al año) que viene de lejos, aunque es ahora cuando obtiene la credibilidad social que merece y origina la reacción necesaria. O el techo de cristal, ése que, entre otras nefastas consecuencias, mantiene a las mujeres excluidas de aquellos puestos directivos designados por libre elección y no por méritos, como sigue sucediendo, hoy como ayer. O la segregación horizontal que determina que algunos cuerpos y ocupaciones sean desempeñados por una mayoría aplastante de mujeres, curiosamente aquellos que obtienen luego menor reconocimiento social y económico.

Para la elaboración del II Plan de Igualdad de la Generalitat Valenciana, la Administración constituyó una Comisión, que en contra de la premisa de Marx (Groucho) que decía que crear una comisión era la mejor manera de impedir que el trabajo se realizara, ha desempeñado su tarea con rigor, esfuerzo e inteligencia. La conformaban, además de representantes de la propia Administración, profesorado de diferentes universidades del País Valenciano y representantes de los sindicatos. La presidía Julia Sevilla.

En los trabajos de esta Comisión se han unido convenientemente los saberes teóricos, provenientes del mundo académico, con las aportaciones realizadas por las representantes de los sindicatos, desde la experiencia y conocimientos que poseen, que no es poca.

Por ello, el resultado final del Plan es satisfactorio, aunque mejorable, en la medida que atiende a una realidad que la práctica sindical permite conocer a la perfección, arbitrando medidas concretas cuya aplicación redundará, sin duda, en una Administración valenciana más moderna, transparente y sobre todo, igualitaria.

En esa tarea, la actitud de la Administración ha sido colaborativa, abriendo puertas cerradas cuya existencia ni siquiera se reconocía, mientras que la parte académica ha aportado, sin duda, rigor en los debates.

Sin embargo, como ejercicio de justicia, y huyendo de esa falsa modestia que no favorece en absoluto a las mujeres porque invisibiliza nuestro trabajo y nuestros logros, hay que poner en valor el trabajo de las representantes de los sindicatos, porque ha permitido conseguir un Plan de Igualdad amarrado a la realidad, capaz de transformarla dando respuesta a los problemas detectados en el día a día, ésos que solo la práctica sindical constante y discreta en los centros de trabajo permite conocer. Eso es lo que ha posibilitado rectificar, por ejemplo, esa cláusula de discriminación positiva en caso de empate, que aplicada de forma irreflexiva conducía a consecuencias no deseadas, como tan impecablemente han argumentado integrantes de la Comisión que firman el artículo publicado ayer titulado «Rompiendo el falso techo».

Como las sindicalistas somos humanas, parece necesario en una ocasión como ésta, poner en valor nuestro trabajo para reivindicar así nuestra identidad como trabajadoras y como mujeres.

* Suscriben este artículo Remedios Espí, Elisa Cuadras y Susana Marco