Mañana, martes, se supone que la España de las Comunidades Autónomas (CCAA) empezará a redefinirse financieramente. Hoy es obligada la solidaridad con el President en el episodio de la Conferencia de Presidentes de CCAA del Senado. Hablamos de un encuentro que va a tener grandes dificultades para metabolizar las insolidarias ausencias de Cataluña y Euskadi, marcadas por la estrategia de mezclar y contaminar debate identitarios legitimos con la distribución de recursos que tienen que ver con las cosas del estado de bienestar. Sobre los impactos que la posición independentista del gobierno de JxSi va a tener sobre el futuro autonómico de los valencianos hemos hablado en las entregas de esta serie que hoy termina; en lo referente a Euskadi y su financiación foral, 45 años de ETA y 900 muertos la sobrevuelan, para lo que es muy recomendable leer «Patria» de Fernando Aramburu; una excelente novela que los libreros del País Vasco ovacionan no solo por sus ventas sino por la calidad de un texto que «no ha molestado a nadie», pero que todos entendemos.
En su año y medio de singladura, el Consell en su afán de constituirse en ente reivindicativo y victimista no ha querido (¿no ha sabido?) abandonar su planteamiento de campaña electoral de que la deuda de la Generalitat se debía, en su mayor parte, a la deficiencias e injusticias del modelo de financiación existente, capidisminuyendo los efectos de la corrupción de los gobiernos de la época ZOC. El Conseller Soler se pasó varios pueblos afirmando que esta última razón solo explicaba el 10% de nuestra deuda. A partir de esta posición podía ponerse a descalificar al gobierno central como gran responsable de todos los males que pudieran acaecer en su mandato y las descalificaciones a Montoro han sido constantes. Pero la realidad es tozuda y día a día han ido explotando minas del pasado: deudas ocultas, plantillas irregulares y sustos provenientes de los juzgados. Esta es una profunda discrepancia, que he mantenido durante meses, que me ha llevado a sugerir sin ningún éxito, la solución más radical de devolver competencias al Estado, mientras se mantuviera la crisis.
Debo pedir disculpas, ya que mis cuentas no casan con todo lo prometido por un Consell, con la caja supuestamente vacía: reabrir una RTVV de presupuesto tan dudoso como infame fue su historia; con revertir sin más una plantilla de 1.400 personas provenientes de modelos sanitarios que se quieren liquidar en meses; de rentas básicas para colectivos domésticos y emigrantes que están sin cuantificar con rigor y no exentos del efecto llamada; bancos públicos salidos de instituciones quebradas; etc. Sin duda en la Generalitat ejercen personas muy hábiles, aunque al final acaben generando presupuestos con partidas de ingresos virtuales.
Al preparar la reunión de mañana, Montoro ha llamado a «reinventar el sistema de financiación autonómica» diciendo, no sin razón, que si no se produce un consenso parlamentario no habrá reforma, ya que todo deberá acabar con una Ley Orgánica que, con las ausencias de JxSi y del PNV, solo podrá aprobarse con la tan denostada «gran coalición» de PP y PSOE. Todo ello dicho un día después de que Gobierno y CCAA hubieran pactado comenzar en un mes los trabajos para cambiar el modelo de financiación y asegurar tener acuerdos para una estrategia nacional sobre el reto demográfico, la despoblación de algunos territorios o los de superpoblación puntual de otros; la unidad de mercado; la movilidad de funcionarios y el bono social. Esperanzadoras noticias si llegan a puerto.
Incluso Montoro reconoce que hay que superar las «inequidades» a las que ha dado lugar el modelo vigente en la prestación de servicios y dice que el nuevo modelo debe garantizar la calidad de la prestación de los servicios públicos de forma que «vivir en un determinado territorio no sea elemento de diferenciación entre ciudadanos». Unos puntos que para ser ciertos pondrán patas arriba el actual esquema de competencias y de «statu quo» defendidos como líneas rojas por otras CCAA.
No debemos pedir privilegios, pero tampoco aprobar aquellos que otros pidan en base a razones especiales. La situación no puede resolverse con argumentos de que otros tienen un mayor sentimiento de hermandad, de pertenencia, y de señas de identidad propias, cosa que hay que respetar sin desviar demasiados euros. Es casi imposible negociar modelos de reparto con quienes tienen el sueño del Estado propio, concebido no tanto en términos racionales como afectivos. De ser así emularíamos a las redes sociales tan dadas a fragmentar a la gente en «tribus emocionales», grupos de personas que comparten no sólo unas ideas, sino sobre todo una actitud, gracias a la plataforma digital que usan, capaz de limitar la comunicación solo a los suyos, leyéndose y jaleándose entre sí, como si el resto del mundo (en el caso que nos ocupa, los no identitarios) no existiera.
Para la gran mayoría de españoles, incluidos muchos valencianos, España es como un telón de fondo, una forma de organización política sin excesivos colores sentimentales. Somos conscientes de las diferencias que nos separan sobre el tema territorial. No salimos a corear consignas a la calle, ni vestimos las mismas camisetas, ni nos unimos en ningún cántico de templo mediático, financiero o balompédico.
Al pedir y ejercer una solidaridad expresa con lo que Ximo Puig pueda decidir en el proceso que empieza el martes, quizás haya que aconsejarle que deje en Valencia la nostalgia propia de echar de menos el calor de la multitud, la euforia de la unanimidad, el bienestar de sentirse una víctima, revestida de dignidad, como si de un Gandhi se tratara. Esta en una negociación en la que nuestros vecinos juegan al dentro y fuera. Hablamos la misma lengua, tenemos la misma historia, pero algunos parecen mirarnos por encima del hombro. Toman decisiones que no parece que valoren lo que pueda ocurrir al Sur del Senia.
Inevitablemente si no se consiguen los objetivos Puig deberá optar entre devolver competencias o lanzarse a un Valexit a la catalana, ya que gobernar con mil millones de euros de déficit anual mas que ejercer de valenciano es someternos a un sarcasmo. Tiene la obligación de hacer un modelo de financiación que permita una Generalitat económicamente sostenible, cosa que la adolescencia de Lerma no empezó bien en los primeros años y que Zaplana no supo corregir adecuadamente.
Aunque todo quiera reducirse a la política, sería de desear que quienes le acompañen a Madrid sea gente hábil con la hoja de cálculo y dispuesta a hacer simulaciones rigurosas, única forma de evitar victimismos futuros.
A pesar de JxSi, ¡Sort, President!
