Los fondos del Estado, los que forman parte de los presupuestos generales de la Administración pública, están destinados al interés general, al de todos los ciudadanos. ¿Cuál? Depende. Porque pueden terminar en Luxemburgo pagando temas privados o el funeral precipitado de aviones militares que no debieron nunca salir a volar. Quién lo hubiera pensado. Los errores es lo que tienen, se reparten, se niegan y hasta se esconden, es difícil asumirlos. Pedir perdón es la parte más dura, a veces llega, pero reparar el daño es lo que no se hace nunca. Y esos fondos, en nombre de todos, también asumen esos errores, y pagan sus deudas.

Se celebraba la semana pasada la cumbre autonómica en Madrid donde se puso sobre la mesa una propuesta inicial de nueva financiación territorial. Aparte de las tiranteces entre las presidentas de Madrid y Andalucía, y convencida aún la madrileña de que sostiene ella sola la sanidad y la educación de media España, lo que subió la temperatura del ambiente, el encuentro fue tibio. Leía en este diario que el president Ximo Puig lo calificó con un siete. Un notable para el anuncio de que en un mes habrá comisión de expertos para elaborar un nuevo modelo de financiación a todas las comunidades. Muy generosa la nota me parece a mi. Quizá, porque el valenciano se esperaba una amplia negativa a cambiar el modelo actual y que eso le condujera a un enfrentamiento con otras autonomías, a pesar de ser de su mismo color político. Y para su alegría, se lo ha evitado. Quizá también porque a Andalucía le conviene sentarse, harta ya de que Madrid le tire por cara que ellos les pagan los gastos y quieran aclarar la factura. Quizá, hay comunidades que no quieren ni estar, y eso mueve al Gobierno a hacer cambios. En todo caso, promover un debate que tanto ha tardado, es un paso.

Pero en esa mesa, además de lo escrito, no hubo nada sobre que el Estado asuma nuestra deuda histórica, ni tampoco nada de la retroactividad del nuevo modelo de financiación a partir de 2014, cuando caducó el anterior. Las deudas son lo que son. Y hay que pagarlas. Y el Estado tiene una con la Comunitat Valenciana. El modo en el que se liquide pueden discutirlo, pero no ignorarlo, ni dejar caer una condonación. Sería un error. Sobre todo, en un Estado que sobrevive de aportaciones conjuntas y de financiación central. Porque lo que no puede ser un sistema público es opaco, injusto y privado, por así decirlo, con el dinero de todos. Y por encima de todo, que deje de pagar sus deudas. O se enmienda y reparan daños o las comunidades tendrán razón al negarse en seguir sosteniendo sistemas que con el dinero de los ciudadanos participan en fondos reservados de diverso calado. Y en esa mesa había ausencias. Y sobre la retroactividad a 2014, parece evidente que deberá compensarse la financiación allá donde caducó la norma, porque es justo. Y ahí es donde ya tienen por dónde empezar los expertos el mes próximo.

La cumbre también tenía más peticiones nuestras, y no se sabe nada de ellas. Fondos para la dependencia, el tan olvidado pacto de Estado contra la violencia machista que sólo sale a pasear cuando hay una víctima y la atención a los refugiados. Son cuestiones vitales. Yo a la cumbre le doy un cinco. Y a la próxima, en lugar de camisa, que los valencianos vuelvan a rotularse camisetas con las demandas, porque no lo podemos decir más claro.