Tenemos un problema y hemos de resolverlo de la forma más democrática posible», reconoció la eurodiputada portuguesa, Ana Gomes al escuchar a Carles Puigdemont el pasado 24 de enero en Bruselas. Catalunya ha ascendido a la categoría de problema europeo con dos contrincantes empeñados en conseguirlo: la Generalitat de Junts pel Sí y el Gobierno español de Mariano Rajoy. Han fallado los resortes del Estado español, tanto por parte del Gobierno del Partido Popular, como por la incapacidad del frente secesionista para resolver el conflicto con pacto. Puigdemont pidió a la UE que fuera parte de la solución y Rajoy, en un arrebato inquisitorial, denostó a Puigdemont, primera autoridad de un fragmento del Estado español, porque había recibido «el trato que se merecía» por parte de las instituciones europeas.

La Unión Europea no es la jungla ni Bruselas la selva. El talante liberal de la UE ha permitido que el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, haya expuesto la opción independentista. Ni el empeño del reciente presidente conservador del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ni las tretas del Gobierno español han impedido que los políticos catalanes comunicaran ante quinientos asistentes sus planes y argumentos sobre el envite que tensiona y aburre al mundillo político español. Todo menos tomárselo a broma. Puigdemont ha insistido en que la UE no puede mirar hacia otro lado al considerar la eventualidad del referéndum. En opinión de uno de los padres de la Constitución de 1978, Miguel Herrero de Miñón, no es preciso violentar la Carta Magna vigente para convocarlo.

Un mes antes, la víspera de la Nochebuena, el Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo, infligió un revolcón a los órganos jurisdiccionales españoles sobre la ilegalidad de las cláusulas suelo en las hipotecas que concedieron cajas y bancos. La soberanía española ha sufrido el contundente revés encajado por el Estado español. 2004 fue clave en la unificación europea. Alemania se confirmó líder de la UE con la ampliación de 15 a 25 los estados que la conformaban -después serían 28- y ese año fracasó la Constitución para Europa. España se apresuró a refrendarla. Fue el primero de los graves contratiempos. Después, en 2012, Mariano Rajoy, recién investido en la presidencia del Gobierno, confirmó su voluntad de incumplir el objetivo de déficit presupuestario marcado por Bruselas. En el libro «L´Europa que han fet fracassar», de Ramón Tremosa y Aleix Sarri, se explica que España con Grecia e Italia son los países que más incumplen las directivas y los reglamentos europeos, con 90 expedientes por posibles infracciones, de las cuales seis se están tramitando en la Comisión Europea. El voluntarismo europeísta del Gobierno español junto a una actitud de continua desobediencia, han motivado la afirmación, en el diario «El Mundo», de la catedrática de Derecho Internacional Público, Araceli Mangas Martín para decir: «No creo que España sea un Estado de Derecho europeo».

Catalunya es un problema español que nunca debió trasladarse a la Unión Europea y la Comunitat Valenciana tiene un problema de posicionamiento en el espacio común europeo. Los valencianos nos morimos por sentirnos valencianos con todas sus consecuencias. Añoramos otras épocas en las que nos sobraba iniciativa, empuje e imaginación. Ahora en plena moda de lo baratito y de lo ramplón se ha hecho dejación del primer mandamiento que ha de cumplir toda sociedad que quiera optar al futuro. Es el compromiso de indagar en su entorno y de adelantarse a los acontecimientos innovando en tecnología y en gestión. Gobernar es anticiparse y aquí ni se hace lo que hay que hacer ni dejamos de ir a rastras en el furgón de cola de Europa. ¿Qué están haciendo las entidades económico-empresariales además de lamerse las heridas y contemplarse el ombligo? ¿Qué están haciendo las Cámaras de Comercio? Cinco Cámaras -con una magnífica marca mundial- de las que sólo se salva una, la de Valencia que, en vez de actuar como locomotora, está dominada por la politización, por los lobbies, por la ineficiencia, por la indefinición y por la parálisis desde finales del siglo XX.

¿En qué se entretiene el Consejo de Cámaras autonómico? En las Cámaras hace falta un Gabinete de Estudios que elabore informes solventes acerca de los temas que interesan a las empresas. Sobre los que se ha de reconstruir el porvenir de los valencianos. Se necesita una «task force», un cuerpo operativo de eurólogos avezados en las cuestiones candentes de la Unión Europea. Es allí donde se ventilan nuestros intereses. Donde está el marco geopolítico que rige nuestro destino. Si hemos de seguir confiados en que ha de ser Madrid quien resuelva nuestros problemas, ¡ estamos apañados! Por mucho Conexus que Ximo Puig ponga en marcha en la calle Spagnoletto de la «Villa y Corte». Al amparo del dinero de todos los valencianos, como siempre.