Cerca de seis años después de la salida a bolsa de Bankia, con sentencias, incluso del Tribunal Supremo, que cuestionaban dicha decisión «por incorrecta y poco veraz en aspectos relevantes», el juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, ha decidido imputar a las cúpulas de los dos organismos supervisores, Banco de España (BdE) y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encabezadas por Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura.
El juez, finalmente, ha decidido tener en cuenta los numerosos indicios en forma de correos electrónicos, informes internos y declaraciones que advertían, como finalmente ocurrió, que el grupo era inviable y su salida a bolsa podía suponer un perjuicio cercano a los 15.000 millones para los accionistas y preferentistas. Pues bien, a pesar de estas advertencias, tanto Fernández Ordóñez como Miguel Segura y sus equipos permitieron que se pusiera en marcha una operación que ha demostrado ser catastrófica desde el punto de vista económico y social.
Tanto el gobernador del BdE como el presidente de la CNMV no pueden quedar como meros espectadores de la debacle, especialmente si contaban con información para evitarla. Una responsabilidad política que, lógicamente, también debería afectar a la titular de Economía en ese momento, Elena Salgado, quien tras su salida del Gobierno entró de consejera en la división chilena de Endesa.
Ni Fernández Ordóñez ni Miguel Segura se pueden desvincular del desastre de Bankia. Las responsabilidades de cada uno estan muy claras. Al BdE le corresponde «supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito, otras entidades y mercados financieros cuya supervisión le ha sido atribuída». Y a la CNMV, más de lo mismo: «El objetivo es velar por la transparencia de los mercados de valores españoles y la correcta formación de precios así como la protección de los inversores». Y, a la vista del resultado, no lo hicieron.
El coste del rescate financiero „60.718 millones de euros por el momento, según el Tribunal de Cuentas„ ha sido demasiado doloroso social y economicamente para la mayoria de los ciudadanos, que han pagado y seguiran pagando durante muchos años las consecuencias de una crisis que se pudo detener con antelación. Unas consecuencias que han contribuído a transformar la estructura social, aumentar de la desigualdad y dejar por el camino a miles de contribuyentes.
Es necesario que los que intervinieron en el desmantelamiento de las cajas de ahorros, por una gestión irresponsable en unos casos y delictiva en otros, así como los que lo permitieron mirando para otro lado, repondan de sus actuaciones ante la justicia.
Algunos. los contribuyentes y los clientes, ya han pagado un precio excesivamente alto por los efectos colaterales del desastre. Tan alto que la única reparación posible, al margen de la económica, es ver que los culpables terminen condenados por sus conductas. Y si les corresponde cárcel, que no la eludan, La Audiencia Nacional ya ha dado muestras de su contundencia enviando a prisión a cinco directivos de Novagalicia.
