Este latinajo significa "retrasar decisiones y acciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras más irrelevantes o agradables" y viene a cuento porque es difícil de entender que algunos temas importantes para el país, y en consecuencia para los ciudadanos, no se afrontan, y se acaban eternizando. Además de muy poca voluntad para rematarlos, es como existieran extraños y espurios intereses ocultos que impiden su resolución.
Por poner algún ejemplo, ahí tienen ustedes el conflicto de los estibadores, que, como seguramente saben, es un monopolio blindado y endogámico con privilegios que datan de épocas pasadas. El Tribunal de Justicia de la UE ha emitido una sentencia en 2014, por incumplimiento de la normativa comunitaria, obligando a que se convierta en una actividad de mercado libre y abierta para dar oportunidades de trabajo y ser más competitivos y eficientes; bueno, pues el Gobierno ha estado retrasando la aplicación de la sentencia europea (al contrario de lo que se ha hecho con las cláusulas suelo de las hipotecas) sin atreverse a encarar el problema. El resultado es un conflicto que ya ha costado cientos de millones de euros y que amenaza con paralizar los puertos y muchas industrias que representan el 20% del PIB, entre las que se encuentran algunas tan importantes como la del automóvil.
Otro de los asuntos que nos dejan desubicados y confusos es la pugna que desde hace tiempo -aunque ahora todos los medios de comunicación se hacen eco- tiene lugar entre los diferentes sectores de la policía donde se han producido ocultaciones y desapariciones de informes que en muchos casos han perjudicado la instrucción y el proceso de casos judiciales. Al aflorar esa guerra interna, crece la inquietud y desamparo entre los ciudadanos, pues se trata de una de las instituciones más respetadas y prestigiosas. Sin embargo el Ministerio del Interior, hasta la fecha, no ha sabido resolver este problema de división interna.
Otro asunto enquistado desde hace seis años al que no le meten mano es el de las pensiones. Solamente lo cito porque profundizar en este pozo oscuro requeriría cientos de folios, pero es una realidad indiscutible que en los próximos seis años, los pensionistas perderán un 8% de su poder adquisitivo; claro que siempre que se pueda seguir cobrando la pensión, pues el agujero que se agranda cada año es muy superior a los 15.000 millones que estima el Gobierno.
No les hablo hoy -el espacio es limitado- de otros casos importantes que siguen en stand by, como la decisión sobre la continuidad de las centrales nucleares y del carbón nacional, de la depuración de las aguas residuales, del envejecimiento y pérdida de calidad de la población, de la cuestión catalana y otros muchos asuntos pendientes que se van acumulando sin resolver. No deberían olvidar nuestros gobernantes que aplazar el arreglo de los problemas que afectan a todos acaba agravándolos y haciéndolos más onerosos.
