Durante esta semana hay una frase que está retumbando con fuerza en las calles de nuestro país, después de que el terrorismo machista superara en las primeras semanas de 2017 los peores datos de los últimos 10 años. ¡Ni una más! es lo que gritamos al comprobar que, cada cuatro días, ha sido asesinada una mujer a manos de su pareja o expareja, llegando a la escalofriante cifra de 16 víctimas mortales en estos primeros meses del año, si se confirman 2 casos que se están investigando. Frente a esa gravísima realidad, el ejemplo más llamativo lo están protagonizando «Las ocho mujeres de Sol», que se encuentran en huelga de hambre como protesta por la inacción del Gobierno ante esta lacra, un pulso valiente al que nos unimos la inmensa mayoría de la sociedad española.
En un parlamento donde predomina el multicolor ideológico y el enfrentamiento airado entre los distintos grupos, no cabe duda de que la protección de los derechos fundamentales de la mujer y el principio de igualdad, son elementos que deben servir para armonizar una respuesta conjunta y contundente frente a la violencia de género. Así, como ocurrió en su momento con la aprobación por unanimidad de la actual Ley Integración contra la Violencia de Género, esta materia debe concitar todas las adhesiones necesarias para que salga adelante un gran Pacto de Estado, sin fisuras, donde se fortalezca la legislación vigente. Pero además, si verdaderamente queremos llegar a ese punto, son los expertos y las asociaciones de mujeres quienes deben poner voz a ese proyecto, desde la experiencia y sin las rivalidades en las que cae muchas veces nuestra clase política.
Junto a esa demanda, no podemos olvidar que la violencia de género sienta sus raíces en una determinada concepción patriarcal y machista de las relaciones hombre/mujer, y por lo tanto, es necesario no bajar la guardia frente a unos concretos discursos que alimentan al maltratador y debilitan las razones de la víctima, y al mismo tiempo, tenemos que seguir reclamando una adecuada formación de todos los agentes que intervienen, más información y una suficiente estabilidad económica en estas políticas. Sólo así conseguiremos cambiar esa mentalidad que, con diferente intensidad, todavía se encuentra arraigada en la conciencia colectiva. Mantener los recursos humanos y económicos, no sólo es una exigencia lógica para el correcto funcionamiento de cualquier Administración, sino que en este área, se convierte en un objetivo prioritario para que las mujeres tengan la fortaleza y cuenten con los medios que necesiten para dar el paso y romper con la violencia.
