Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Encrucijada política y jurídica

Hemos ido aprendiendo mucho sobre derecho procesal. En los últimos años hemos seguido un curso acelerado, o varios, con los diferentes casos que primero han sido investigados, luego instruidos y llegaron ya a la fase de juicios orales. Uno de los más esperados tiene que ver con el caso Gürtel (Correa y sus muchachos). Y una de las primeras sentencias, por fin, se dio en València, en el TSJ, por lo de la aforada Milagrosa Martínez. Correa, Crespo y el bigotes están en la cárcel, como medida preventiva. Lo que ha hecho correr mucha tinta. Que si las condenas eran duras (por Fitur y sus negocios colaterales, malversación y demás). Que si se debe esperar a que el Supremo revise y sentencie definitivamente para empezar a cumplir la pena.

Sobre todo abundan la comparaciones con el caso Nóos y Aizoon, porque ni han ingresado en prisión ni han pagado fianza adicional y hasta pueden residir (Iñaki Urdangarin) fuera de la UE. Lo que ha dejado perplejos a muchos, que hablan de trato de favor. De otra parte no sorprende.

Esta semana, en Madrid, tras la sentencia por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, se ha de ventilar qué tipo de medidas cautelares se imponen a Miguel Blesa aunque no a Rodrigo Rato y a todos los demás condenados (con penas que van de seis años a meses). Ellos esperan que el Ministerio Fiscal no pida mucho o se incline por esperar a que presente el recurso de casación ante el Supremo (puede tardar un año). Y mientras, a uno y otro les irán llegando los juicios pendientes por la salida a bolsa de Bankia o por la emisión de preferentes o por delitos de ocultamiento y fraude al fisco o por administración desleal (subirse el sueldo de forma astronómica o darse indemnizaciones millonarias por cese en plena crisis de la entidad).

Se da la extraña casualidad que el caso de la financiación presuntamente ilegal del PP en València no celebrará la vista el día fijado por baja del fiscal (motivos de salud) y no haber otro designado de momento. Así que el exvicepresident de la Generalitat Vicente Rambla, y Ricardo Costa esperarán unos meses más a que se resuelva. Éste último -aseguran los que son de su confianza- no teme el desenlace a pesar de que varios empresarios se han declarado ya culpables de dar dinero bajo mano al Partido Popular, para disminuir sus penas por colaborar con la justicia.

Y todo eso con un fondo de crisis política de la justicia, con el cambio o relevo de quince fiscales. De lo que ha dado explicaciones el fiscal general en el Congreso y ha sido llamado a explicarse el propio ministro, Rafael Catalá. Éste defiende la independencia de sus subordinados y los salientes, que ejercían de fiscales anticorrupción, aseguran que han sido objeto de todo tipo de presiones y hasta de robos y asaltos (en Cartagena, en Murcia y en Palma de Mallorca). El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, muy airoso, hablaba solamente de «presiones mediáticas». Hemos pasado de las anécdotas a las categorías. El fondo parece de mucha gravedad y atañe al sistema.

Todos los que en estos momentos se sientan en los banquillos, y son de diversos partidos, lo achacan a campañas de descrédito de sus adversarios políticos (sea en Cataluña, en Murcia o en Madrid). Que la justicia y la política se solapan no cabe duda, se ve cada día y no hay novedad. No existe tal separación de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, como recomendaba Montesquieu para que existiera una verdadera democracia. Ciudadanos lo pide y vamos a ver en qué queda.

Compartir el artículo

stats