Una de las consecuencias indeseables de los "acuerdos" para la transición política española -sin perjuicio de sus aciertos- emerge recurrentemente en el debate político, y no es otra que la hiriente postergación pública e institucional de los símbolos de nuestro pasado republicano, frente a la tolerancia, e incluso exaltación de la simbología del régimen fascista que encarnó el general Franco. Se puede admitir, y hasta comprender, esta situación en la coyuntura temporal de la transición política -frágil y precaria- pero no resulta aceptable, a estas alturas de la historia, esta renuencia a reconocer oficialmente los hitos de nuestra historia más reciente, la restauración de la verdad, con las consecuencias de todo orden, entre las que son muy relevantes las relativas a los honores y el homenaje o reconocimiento institucional.
Llama la atención que los intentos por normalizar esta situación estén protagonizados por iniciativas privadas -la última de las cuales emprendió el juez Baltasar Garzón- cuando lo razonable, y exigible, es que fueran los partidos políticos democráticos quienes, rindiendo un servicio a España -y a la convivencia entre españoles- tomaran la iniciativa en esta materia. Quienes mantienen una posición abiertamente contraria a la revisión oficial e institucional de nuestro pasado reciente lo hacen bajo el argumento de no "remover viejos fantasmas", acaso pensando que el transcurso del tiempo operará a modo de una gigantesca epidemia de amnesia colectiva; sin embargo, se equivocan, en primer término porque está comprobado que una buena parte de los españoles no asumimos pacíficamente este estado de cosas, y, al fin, porque la construcción de nuestro modelo de convivencia de futuro no se puede sustanciar sobre bases equivocas, cuando no enteramente falsas. España, al contrario que Alemania e Italia, no ha hecho un ejercicio de autocrítica colectiva e institucional acerca de su pasado fascista, y, en consecuencia, su cuerpo social no se ha inmunizado sobre sus perversos efectos, por lo que, una firme iniciativa de los poderes públicos al efecto cauterizaría algunas heridas, al tiempo que fortalecería la anémica democracia española.
